El parlamento de Canadá a aprobado una ley histórica que da al gobierno del primer ministro Mark Carney nuevos poderes para acelerar proyectos nacionales importantes.
La Ley de Una Economía Canadiense fue aprobada por el Senado el jueves y permite al gabinete simplificar procesos de aprobación y saltarse ciertas normas federales para proyectos que podrían impulsar la economía.
Los partidarios dicen que esta ley es clave para reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos, tras las tensiones comerciales causadas por los aranceles de Donald Trump.
Pero grupos indígenas y activistas ambientales la critican, argumentando que acelerar los proyectos podría silenciar voces opositoras.
La ley no especifica qué se construirá, pero Carney ha mencionado que podría usarse para corredores energéticos (como oleoductos y redes eléctricas) y expandir minas o puertos.
Carney dijo la semana pasada que la ley "eliminará barreras comerciales, acelerará proyectos nacionales y impulsará el crecimiento económico, con las comunidades indígenas como centro de este desarrollo".
El gobierno afirma que la ley reducirá obstáculos en el comercio interno y la movilidad laboral. También otorgará amplios poderes para aprobar proyectos "de interés nacional", lo que preocupa a líderes indígenas, quienes temen no ser consultados adecuadamente.
La aprobación de la ley es un gran triunfo para Carney y cumple su promesa electoral de eliminar barreras entre provincias antes del Día de Canadá (1 de julio).
Trump impuso aranceles al acero, aluminio y sector automotor canadiense. Carney prometió fortalecer la economía para contrarrestar estas medidas, ya que EE.UU. es su principal socio comercial.
Paul Prosper, senador indígena Mi’kmaq, intentó sin éxito agregar una enmienda que exigiera consentimiento indígena antes de aprobar proyectos. Criticó la rapidez del proceso, sugiriendo que "consultar a los afectados habría tomado unos meses más".
Dijo apoyar el desarrollo, pero advirtió que la ley podría ignorar derechos indígenas: "Nadie quiere ver a nuestros niños crecer en pobreza, sin agua limpia o empleos bien pagados. Pero el progreso no debe lograrse a costa de los pueblos indígenas" (CBC).
En cambio, el senador Hassan Yussuff, defensor de la ley, la llamó "respuesta a una crisis urgente" (CBC).
La ley establece que el gobierno consultará a los indígenas antes de acelerar proyectos.