Portugal aprueba una nueva legislación migratoria que ya ha generado acalorados debates en el parlamento, en los cafés de Lisboa y entre las comunidades inmigrantes que consideran este país su hogar.
El gobierno de coalición de derechas, con el apoyo del partido de ultraderecha Chega, insiste en que la nueva norma busca equilibrio y control. No obstante, los críticos sostienen que se trata de una medida apenas disimulada para contentar a las voces populistas que reclaman fronteras más restrictivas en Europa.
Un parlamento dividido, un país dividido
El martes 30 de septiembre, los diputados aprobaron la ley revisada, pocos meses después de que el Tribunal Constitucional de Portugal tumbara la versión anterior por considerarla excesivamente rigorista, especialmente en materia de reunificación familiar. El nuevo texto suaviza algunas de las disposiciones más severas, aunque mantiene la mayor parte de las restricciones.
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Como era de esperar, los partidos de izquierda votaron en contra. Alegan que Portugal está abandonando su reputación como uno de los países más acogedores de Europa, adoptando posturas que se asemejan sospechosamente a las de Italia, Hungría y otros.
«No se trata de equilibrio, sino de miedo», afirmó un diputado socialista tras la votación. «Portugal necesita trabajadores, necesita familias, y los inmigrantes son parte de nuestro futuro. Esta ley les dice que no son bienvenidos».
Para los partidarios del gobierno, sin embargo, estos cambios eran necesarios. Sostienen que la inmigración se ha duplicado en solo tres años, ejerciendo presión sobre la vivienda, la sanidad y las escuelas. El ministro António Leitão Amaro defendió la ley en el parlamento, insistiendo en que «ni abre las puertas de par en par ni las cierra de golpe, sino que adopta un camino responsable que refleja nuestras necesidades laborales y capacidad de integración».
¿Qué cambia para las familias inmigrantes?
El aspecto más polémico del proyecto guarda relación con la reunificación familiar. Hasta ahora, los inmigrantes necesitaban acreditar dos años de residencia legal para solicitar traer a sus cónyuges a Portugal. Esa norma se mantiene, pero con una nueva excepción: las parejas que puedan demostrar que llevaban al menos un año juntas antes de emigrar podrán reducir ese plazo a tan solo doce meses.
Los menores de dieciocho años y las personas dependientes con discapacidad también podrán reunirse con sus familias de inmediato, independientemente del tiempo que el solicitante principal lleve residiendo legalmente. Esta concesión se introdujo forzosamente después de que el Tribunal Constitucional rechazara el primer borrador gubernamental.
Aun así, las asociaciones de inmigrantes temen que el proceso se vuelva más complicado y oneroso, especialmente para las familias de clase trabajadora. «Sobre el papel parece flexibe, pero en la práctica la gente se enfrentará a una burocracia interminable», advirtió un dinamizador comunitario en el distrito de Amadora, con alta densidad de población inmigrante.
Inmigración en Portugal: una visión de conjunto
Portugal, un país de algo más de diez millones y medio de habitantes, ha experimentado un aumento vertiginoso de la inmigración en los últimos años. Los datos oficiales de AIMA, la agencia de migración y asilo, revelan que el año pasado residían legalmente en Portugal un millón y medio de extranjeros, el doble que tan solo tres años antes.
Los brasileños constituyen, con diferencia, el grupo más numeroso, con más de 450.000 residentes, seguidos de caboverdianos, angoleños, nepalíes e indios. Muchos trabajan en la construcción, la agricultura, la hostelería y la sanidad, sectores que han tenido dificultades para cubrir puestos de trabajo sin mano de obra inmigrante.
Para las familias inmigrantes, Portugal siempre ha sido un imán gracias a los lazos lingüísticos, unas normas de residencia relativamente sencillas y una reputación de tolerancia. Pero el tono está cambiando. El ascenso de Chega, un partido de ultraderecha abiertamente hostil hacia la inmigración, ha presionado a la derecha moderada para que adopte medidas más estrictas y evitar así la pérdida de votantes.
Parte de una tendencia europea más amplia
Portugal no está solo. En toda Europa, los gobiernos han endurecido las leyes migratorias en respuesta a la presión ciudadana y al avance de la ultraderecha. Desde Francia hasta los Países Bajos, los debates sobre el control fronterizo y la integración copan la política nacional.
El caso portugués resulta especialmente simbólico porque tradicionalmente el país se ha considerado una excepción: más abierto, más tolerante y más dependiente de los inmigrantes para mantener en funcionamiento su economía envejecida. La nueva ley sugiere que esa etapa podría estar llegando a su fin.
¿Qué sucederá ahora?
El proyecto de ley aún enfrenta un posible obstáculo: un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. Si los magistrados dictaminan nuevamente que vulnera derechos fundamentales, es posible que el parlamento se vea obligado a reformularlo. Pero, por ahora, el gobierno ha conseguido lo que quería: enviar una señal clara de que Portugal se suma a la tendencia europea de restringir la inmigración.
El impacto práctico se irá definiendo en los próximos meses, a medida que las familias presenten sus solicitudes bajo el nuevo sistema y comprueben si el procedimiento resulta más ágil, más lento o simplemente más confuso.
Para los miles de inmigrantes que ya consideran Portugal su hogar, el debate político quizá les resulte ajeno. Pero los efectos son reales. Desde acreditar relaciones mediante documentación hasta esperar años para reunirse con sus seres queridos, muchas vidas se verán moldeadas por las decisiones tomadas esta semana en el parlamento.
Mientras Europa lidia con su identidad frente a los flujos migratorios, Portugal, antaño considerado una puerta abierta, acaba de ajustar un poco más la cerradura.
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