Una pareja neoyorquina se enfrenta a los tribunales españoles tras ser víctima de un sofisticado fraude inmobiliario en Mallorca por valor de 1,1 millones de euros. Este elaborado engaño, que combinó la estafa presencial con el ciberfraude, resultó en la transferencia de los fondos a una compañía registrada en Dinamarca, lo cual ha dejado a los investigadores con escasas pistas en territorio español.
Las víctimas visitaron la isla en marzo de 2024 para una estancia de seis días. En su primera mañana, mientras desayunaban en un restaurante, conocieron a un hombre en una mesa contigua que afirmaba vender un piso en el casco antiguo de Palma. Al encontrarse cerca, visitaron la propiedad de inmediato. La pareja manifestó su interés en adquirir la vivienda y, tres días después, se concertó un desayuno para negociar el trato. El supuesto vendedor se presentó con un presunto abogado, mientras que los estadounidenses contaban con su propio asesor legal.
Inicialmente, la transacción parecía legítima, siguiendo los protocolos habituales de compraventa. Se acordó un precio de 1,13 millones de euros y se firmó un contrato de arras ante notario. Los compradores ingresaron un depósito del 10% en la cuenta de la notaría, fijándose un plazo de un mes para efectuar el pago total.
Una vez la pareja regresó a Nueva York, los estafadores, que se identificaron como ciudadanos belgas avecinados en Costa Rica, ejecutaron su plan suplantando varias direcciones de correo electrónico. El 17 de abril de 2024, una semana antes de que venciera el plazo para el pago final, enviaron un email dirigiendo el ingreso a una cuenta notarial diferente.
Los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria abierta recientemente en Benalmádena, Málaga. La titular de la cuenta era una empresa representada por un individuo con base en Dinamarca. Con las víctimas en Nueva York, el presunto vendedor en Costa Rica y el intermediario de los fondos en Dinamarca, el paradero actual del dinero se desconoce. La pareja interpuso una denuncia a través de su abogado en la Guardia Civil de Inca, pero la jurisdicción ha sido traspasada a un juzgado de Torremolinos debido al nexo bancario.