La plataforma estadounidense de alquiler vacacional Airbnb ha sido sancionada con una multa de 64 millones de euros por el gobierno español, debido a más de 65.000 anuncios que promovían el alquiler de apartamentos turísticos sin la licencia obligatoria.
En la última fase de una campaña contra los alquileres ilegales, a los que se atribuye en gran medida la inflación de los precios de la vivienda en España, el Ministerio de Consumo informó de haber identificado 65.122 anuncios en el sitio web de Airbnb que promocionaban pisos turísticos incumpliendo la normativa de protección al consumidor.
Los investigadores hallaron anuncios que mostraban alojamientos carentes de la licencia exigida por la ley española. Algunas publicaciones resultaron incluso engañosas, afirmando contar con dicha licencia cuando en realidad no era así.
En total, Airbnb deberá abonar una multa de 64.055.311 euros –seis veces el beneficio obtenido de los anuncios ilegales–, pese a que la compañía registró un ingreso neto superior a 2.200 millones de euros el año pasado.
El gobierno español afirmó haber detectado más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales.
La plataforma carece de derecho a recurrir y se verá obligada a corregir las infracciones identificadas, eliminando todo contenido ilícito publicado. “Hay miles de familias al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, declaró Pablo Bustinduy, ministro de Consumo. “Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”, añadió.
En julio, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ley que ordena la retirada de todos los alquileres vacacionales no registrados en plataformas como Airbnb y Booking.com. “A partir de agosto de 2025, Airbnb remitirá mensualmente al Ministerio de Vivienda la información requerida, incluidos los números de registro autonómicos de los anuncios”, señaló un comunicado oficial.
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El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó que la multa demuestra que ninguna compañía está por encima de la ley. Crédito: Wikimedia Commons.
“El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o estacionales que atentan contra el derecho a una vivienda digna”.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), España alberga cerca de 400.000 pisos de alquiler turístico, lo que supone el 30% del parque inmobiliario en algunos barrios populares. Muchos residentes atribuyen el auge de este tipo de alojamiento al incremento de los precios del alquiler, lo que fuerza a los locales a mudarse a zonas más asequibles.
Este malestar ha generado protestas masivas en ciudades como Alicante, Málaga, Palma de Mallorca y Barcelona, donde los manifestantes corean lemas como ‘Nuestra ciudad no está en venta’ o ‘Turistas, go home’. Las autoridades de Madrid, Málaga y Canarias han prometido endurecer las normas de concesión de licencias para combatir la masificación turística.
El año pasado, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que todas las licencias para apartamentos turísticos en la ciudad quedarán revocadas en 2028.
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El año pasado, el alcalde de Barcelona anunció una severa restricción a los alquileres turísticos, a los que se culpa del abrupto aumento de los precios en la ciudad. Crédito: Wikimedia Commons.
Collboni argumentó que el aumento del coste de la vivienda en la ciudad, con alquileres y precios de compra subiendo un 70% y un 40%, respectivamente, en la última década, le obligaba a tomar medidas drásticas. “No podemos permitir que la mayoría de los jóvenes que se independizan se vean forzados a abandonar Barcelona”, sostuvo.
“Las medidas adoptadas no cambiarán la situación de un día para otro. Estas cosas requieren tiempo. Pero con ellas alcanzamos un punto de inflexión”.
Según la normativa impulsada por su administración, quien alquile una habitación por menos de 31 días se considera que realiza una actividad turística y debe disponer de autorización municipal. La medida ha sido criticada con dureza por los propietarios y por decenas de residentes en la capital catalana que alegan necesitar alquilar una habitación para poder subsistir.
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