Este jueves, Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una ley que impide a los propietarios ofrecer viviendas en alquiler temporal, en lugar de a largo plazo, con el fin de eludir los límites de precio y otras normas del mercado de alquiler habitual.
El Parlament catalán ha dado luz verde a una normativa que regula los arrendamientos temporales y por habitaciones, clausurando así los resquicios legales utilizados para sortear el tope de alquileres vigente en la comunidad.
Conforme a la nueva regulación, impulsada por una conjunción de partidos de izquierdas, los alquileres turísticos de corta duración dejarán de considerarse ‘estacionales’ a efectos legales y quedarán sujetos al mismo régimen que la vivienda ordinaria.
Esta modificación implica que, independientemente de su duración, dichos contratos estarán sometidos al índice de referencia de precios en las zonas declaradas tensionadas, impidiendo así que los arrendadores fijen rentas superiores a las legales bajo la excusa de tratarse de alojamiento turístico o estacional.
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La normativa establece que únicamente los contratos con finalidad turística o recreativa mantendrán la calificación de estacionales, con las consiguientes obligaciones en materia de impuesto turístico.
Lo que determina si un piso debe acogerse a la limitación de precio no es la duración del contrato, sino su uso. Si la vivienda está destinada a residencia, su precio podrá ser limitado legalmente, incluso si el contrato es por pocos meses por motivos laborales, académicos o sanitarios.
Solo quedarán excluidos de este límite aquellos inmuebles cuyo contrato especifique de manera explícita que se alquilan para uso estrictamente recreativo o turístico.
El alquiler de habitaciones también queda regulado: el precio total de todas las habitaciones de una vivienda no podrá superar el límite de precio establecido para ese piso en su conjunto.
Asimismo, la ley determina que unos 35.000 pisos que habrían pasado al mercado liberalizado en los próximos años permanecerán bajo el paraguas de la protección oficial.
Las nuevas reglas entrarán en vigor en Cataluña en los próximos días, fruto del acuerdo entre el PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem y la CUP.
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Esta medida llega en un momento de crisi en el mercado del alquiler en Cataluña y en el conjunto de España.
Nueve de cada diez inquilinos en Barcelona tienen actualmente un contrato de alquiler temporal, según un estudio de diciembre de 2024 publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).
Tres cuartas partes de los anuncios de alquiler en Barcelona son para habitaciones, modalidad que también solía formalizarse mediante contratos temporales o estacionales.
Numerosos propietarios habían intentado utilizar la fórmula del alojamiento turístico y estacional de corta duración para burlar los topes de precios, una práctica que la recién aprobada normativa pretende erradicar.
La razón de la proliferación de contratos temporales o estacionales inferiores a un año en Barcelona y en el resto de España residía en que estos escapaban a los controles de precios al no ser considerados contratos residenciales de larga duración.
Barcelona y Cataluña ya cuentan con controles de precios en las ‘zonas tensionadas’, que implican que los alquileres de larga duración, incluidos los nuevos, no pueden superar un determinado importe. A nivel estatal, existe además un límite para los contratos de larga duración ya existentes que impide incrementos interanuales superiores a aproximadamente un 3%, también aplicable en Cataluña.
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