El Gobierno de Canarias ha aprobado una nueva normativa que obliga a los ayuntamientos a priorizar la vivienda a largo plazo y limitar el número de alojamientos turísticos en las islas.
Este miércoles, las Islas Canarias aprobaron una ley largamente esperada para regular los apartamentos turísticos en todo el archipiélago. Junto con las Baleares, Canarias ha estado a la vanguardia del movimiento de protestas antiturismo en España, puesto que plataformas de alquiler vacacional a corto plazo, como Airbnb, han inflado el mercado inmobiliario local en los últimos años.
La ‘Ley de Gestión Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda’, más conocida como la ‘ley de viviendas vacacionales’, llevaba varios años gestándose antes de su aprobación y fue impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León.
Según fuentes gubernamentales citadas en el medio local Canarias 7, el proyecto de ley es, principalemnte, “una ley que ordena y regula los alquileres vacacionales”, mas no una prohibición total.
Los ayuntamientos y cabildos asumirán mayores competencias para controlar la ubicación del alojamiento turístico y establecer límites en proporción a la vivienda residencial.
El suelo considerado residencial se destinará en gran medida a vivienda permanente, reservando un 80 por ciento para uso a largo plazo. La legislación también establece límites del 10 por ciento para el alojamiento turístico en relación con el parque total de viviendas en zonas especialmente turísticas como La Palma, La Gomera y El Hierro.
No obstante, el Ejecutivo autonómico se apresuró a subrayar que la ley no supone una prohibición total de Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico a corto plazo: “Esta ley no prohíbe”, insistieron portavoces del Gobierno.
“Por primera vez, Canarias tendrá una ley que regule los alquileres vacacionales, tras diez años de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. Hoy damos un paso importante, pero no el último, aún queda un largo camino en la aplicación y desarrollo de esta ley”, afirmó De León.
“Hoy emprendemos un camino hacia la planificación, gestión, organización y disciplina urbanística, entendiendo que el derecho a la vivienda, la función social de la vivienda a la que tienen derecho 2,2 millones de canarios, debe equilibrarse con una actividad económica que ha venido para quedarse y que defendemos, pero con orden, mesura y equilibrio en el territorio”, añadió la consejera.
Durante el debate y la votación, la tribuna del Parlamento de Canarias se llenó con altos cargos de la Consejería de Turismo y representantes de asociaciones hoteleras como Asotel, pero también con asociaciones de propietarios opuestas a la ley, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y varios colectivos empresariales que han expresado su temor ante las consecuencias económicas de la legislación.
Tras dos años de negociaciones, redacción y enmiendas, tras la votación, De León señaló que “ha sido una ley difícil de interiorizar, también difícil de explicar, también difícil de gestionar en el plazo de las enmiendas”.
Según los informes, hay más de 72.000 viviendas registradas como vacacionales en Canarias, y se estima que, con la nueva normativa, la cifra podría reducirse a unas 9.500. Se desconoce el número de alojamientos vacacionales no declarados.
Canarias fue uno de los epicentros del movimiento de protestas antiturismo en España durante 2024 y varias islas, al igual que muchas capitales de provincia peninsulares, han sufrido las tensiones de la proliferación de apartamentos turísticos tras la pandemia, lo que, según los residentes, ha inflado los mercados locales de alquiler y vivienda.
De acuerdo con un comunicado de la web del Gobierno de Canarias, el 44,6 por ciento de las viviendas vacacionales en las islas son propiedad de particulares, mientras que el 55,3 por ciento están gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.