El Ayuntamiento de Orihuela ha reconocido carecer de recursos internos suficientes y recientemente encargó un estudio técnico por importe de 18.142 euros para cumplir con los requisitos nacionales. No obstante, el proyecto sigue figurando como pendiente en el MITECO.
Orihuela es uno de los 20 municipios españoles que aún no ha tramitado formalmente una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pese a que la obligación legal está vigente desde enero de 2023. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), España cerró 2025 con 58 ZBE implementadas, 91 en proceso y 20 aún pendientes, lo que muestra unos avances limitados en los últimos meses.
La Zona de Bajas Emisiones de Torrevieja ha sido aprobada y planificada para implementarse en 2026, pero, al igual que muchas otras, su despliegue ha sido lento y lleva años de retraso respecto a los plazos legales. La ciudad ha licitado los contratos y adjudicado las obras para instalar la infraestructura, aunque no se aplicarán sanciones hasta el 1 de enero de 2027, posponiéndose las restricciones operativas completas mientras se preparan la concienciación pública y los sistemas. Los críticos señalan que el progreso ha sido tardío y la planificación, insuficiente.
Las Zonas de Bajas Emisiones se regulan por la Ley de Cambio Climático de 2021 y un real decreto de 2022, siendo obligatorias para municipios de más de 50.000 habitantes, aquellos con más de 20.000 que superen los límites de contaminación y todos los territorios insulares. Aunque el plazo original finalizaba en enero de 2023, la implementación se ha retrasado repetidamente, permitiendo ahora el Gobierno prórrogas hasta finales de 2026.
Los desarrollos recientes subrayan el despliegue desigual a nivel nacional. Pamplona acaba de activar su ZBE en el casco histórico, Sevilla ha suavizado sus sanciones, Valencia ha rechazado un modelo acorde al estatal, Torrelavega suspendió temporalmente las restricciones durante la Navidad y Vitoria comenzó a multar a mediados de diciembre. Los recursos judiciales también han sido frecuentes, aunque los tribunales no siempre han dado la razón a los opositores.
En marzo, el Defensor del Pueblo emitió recomendaciones a 33 municipios por sus retrasos. Nueve meses después, ocho de esos ayuntamientos, incluido el de Orihuela, siguen sin cumplir. El consistorio oriolano ha admitido la falta de recursos internos y recientemente encargó un estudio técnico por 18.142 euros para atender las exigencias nacionales. A pesar de ello, el proyecto continúa listado como pendiente por el MITECO.
La mayoría de los casos pendientes se encuentran en territorios insulares, que requieren planes coordinados entre las administraciones locales y los organismos ambientales autonómicos dada su vulnerabilidad medioambiental. Mientras algunas ciudades insulares ya han cumplido o están cerca de hacerlo, muchas islas carecen aún de ZBE aprobadas.
El acceso a las Zonas de Bajas Emisiones se regula mediante las etiquetas ambientales de la DGT (0, ECO, C y B), que clasifican los vehículos según su normativa de emisiones, no por sus niveles reales de contaminación. Este sistema ha sido criticado y, aunque se propuso una reforma en la Ley de Movilidad Sostenible, finalmente se retiró durante la tramitación parlamentaria. Mientras, Madrid ha extendido su moratoria para los vehículos de residentes sin etiqueta hasta 2026, y Barcelona restringirá el acceso a los vehículos con etiqueta B durante episodios de alta contaminación a partir de enero de 2026.
En conjunto, el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones en España continúa siendo lento, fragmentado y politicamente contestado, permaneciendo Orihuela entre los municipios que aún no han cumplido plenamente.