El partido de ultraderecha español Vox ha anunciado que pretende proponer su propio plan para un "régimen fiscal disuasorio" con el fin de detener la compra de propiedades por parte de extranjeros, al mismo tiempo que atribuye la crisis de vivienda del país a la inmigración ilegal.
Vox, la formación política que recientemente propuso deportar a 8 millones de extranjeros en España, tiene sus propios planes para limitar la adquisición de inmuebles por parte de foráneos.
El partido liderado por Santiago Abascal ha sugerido, de hecho, una medida que ya fue planteada por el presidente socialista Pedro Sánchez en enero: gravar más a los compradores extranjeros.
Además de este "régimen fiscal disuasorio", Vox también quiere priorizar el acceso de los españoles a la vivienda protegida y a las prestaciones sociales relacionadas.
Asimismo, han propuesto eliminar el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la vivienda habitual, junto con otras medidas para incrementar la construcción mediante la liberación de suelo y la simplificación de trámites.
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Según un informe de la agencia de noticias Europa Press, estas iniciativas se debatirán en la próxima sesión parlamentaria, tras una interpelación remitida la semana pasada a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Una interpelación es un procedimiento parlamentario en el que los legisladores interrogan formalmente a un cargo del Gobierno. Vox ha enviado ya cuatro interpelaciones a Rodríguez en el último año.
Vox manifiesta su total desacuerdo con las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de izquierdas para ayudar a resolver la crisis inmobiliaria en España, calificándolas de "ineficaces".
No obstante, no perdieron la oportunidad de culpar a la inmigración ilegal de los problemas de vivienda en España, arguyendo que existe una "relación directa entre la inmigración ilegal masiva y el incremento de los precios de la vivienda".
Abascal ha declarado con anterioridad que el Gobierno de izquierdas subvenciona la vivienda para inmigrantes indocumentados, permitiéndoles alquilar a un precio muy inferior al que pagan los españoles.
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A principios de este año, Pedro Sánchez declaró: "Hemos decidido que vamos a limitar la compra de propiedades por parte de extranjeros no comunitarios" mediante la elaboración de una ley que establezca un impuesto del 100% para compradores foráneos. Esto afectaría a compradores que no residan en la UE, no a los extranjeros que viven en España. Por lo tanto, los nuevos propietarios británicos y estadounidenses de segundas residencias pagarían el doble por una casa de vacaciones aquí.
Todavía no está claro si Vox pretendería que todos los compradores extranjeros se enfrentaran a su "régimen fiscal disuasorio" o si preferirían distinguir entre los llamados ‘expatriados’ y lo que ellos consideran ‘migrantes’.
En abril, los socialistas en el Gobierno presentaron la propuesta de este ‘superimpuesto’, pero aún no ha llegado al Congreso y no hay novedades sobre cuándo o incluso si será aprobado.
Otras medidas propuestas por Sánchez para poner freno a la crisis de vivienda son un programa de alquiler con opción a compra que daría a los jóvenes casi 30.000 euros para ayudarles a adquirir una propiedad, un seguro de impago de alquiler para arrendadores que alquilen a jóvenes a precios razonables y una mayor dotación presupuestaria para vivienda. También han implementado soluciones para liberar suelo, aumentar la construcción de vivienda social y agilizar trámites, de manera similar a lo que propone Vox.