La nueva prestación sería accesible para todas las familias. Crédito fotográfico: PeopleImages/Shutterstock
El Gobierno español ha desvelado planes para instaurar una prestación universal mensual por crianza de 200 euros por hijo, dirigida a apoyar a las familias y reducir los arraigados niveles de pobreza infantil. Esta medida forma parte de la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible, un plan integral con cien objetivos sociales diseñados para mejorar el bienestar, promover la igualdad y garantizar que se respeten los derechos de la infancia.
La prestación, de materializarse, estaría disponible para todas las familias con menores de 18 años, con independencia de sus ingresos o situación laboral. Su propósito es sustituir el actual mosaico de ayudas condicionadas, que a menudo no logran llegar a todos los hogares necesitados, y supondría una expansión significativa de la asistencia familiar en el conjunto de España.
Abordando la persistente pobreza infantil
La pobreza infantil sigue siendo un problema estructural acuciante en España. Cifras gubernamentales, respaldadas por datos de Eurostat, muestran que casi un 30 % de los hogares con menores está afectado por la pobreza o en riesgo de caer en ella. Esto sitúa a España entre los países con mayor riesgo de la Unión Europea, tras Bulgaria, Grecia y Rumanía, lo que subraya la urgencia de medidas de apoyo más amplias.
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A principios de este año, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, el Consejo de Ministros emitió una declaración reafirmando el compromiso gubernamental de garantizar que todos los niños y niñas puedan crecer con libertad, dignidad y autonomía. La prestación universal propuesta constituye un elemento central de este compromiso, con el objetivo de proveer una red de seguridad fiable para cada menor.
Acceso universal y elegibilidad simplificada
La característica definitoria de la propuesta es su universalidad. A diferencia de las medidas de apoyo actuales, que a menudo dependen de umbrales de ingresos o condiciones laborales, la nueva prestación sería accesible para todas las familias. Al eliminar los complejos requisitos de elegibilidad y las barreras administrativas, el plan busca asegurar que ningún niño quede excluido debido a la burocracia o a la falta de información.
Bajo los programas vigentes, muchas familias que podrían optar a deducciones fiscales, asignaciones por hijo o al Ingreso Mínimo Vital no se benefician de ellos, ya sea porque no cumplen los criterios o por desconocimiento de sus derechos.
¿Se beneficiarán las familias expatriadas?
Se prevé que la prestación propuesta sea aplicable a todos los residentes legales en España, incluidas las familias expatriadas que viven y tributan en el país. La elegibilidad probablemente requerirá acreditar la residencia y que los menores estén empadronados ante las autoridades españolas, garantizando así que las familias que contribuyen al sistema social español puedan acceder al apoyo.
Esta inclusión convertiría el sistema en uno de los más completos de la UE, extendiendo la asistencia más allá de los nacionales españoles para abarcar a los residentes de larga duración, asegurando así que los hijos de nacionales extranjeros que viven en España no queden excluidos de una protección social crucial.
Evaluación gubernamental y proceso presupuestario
Si bien la prestación está incluida en la estrategia del Gobierno, aún no es ley. Su implementación requerirá su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado y la aprobación parlamentaria. No se ha establecido una fecha oficial de inicio, y los detalles siguen en negociación para garantizar que la medida se integre eficazmente con los programas existentes y evite duplicidades en las ayudas.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, subrayó que los instrumentos sociales actuales han ayudado a España a sobrellevar los recientes retos económicos, pero podrían necesitar una actualización para responder eficazmente a las necesidades modernas. La prestación propuesta representa un paso hacia la mejora de la equidad y la eficiencia en el apoyo familiar.
Contexto europeo y prácticas comparadas
El plan español también refleja tendencias europeas más amplias. Otros países de la UE ya cuentan con prestaciones universales por hijo, que en algunos casos superan los 200 euros mensuales por menor, y dedican una proporción mayor de su PIB al bienestar infantil. Los defensores de la propuesta española argumentan que el acceso universal podría acercar al país a los estándares europeos en protección infantil e inclusión social.
Medidas complementarias para la protección infantil
La estrategia incluye iniciativas más amplias para salvaguardar a la infancia más allá del apoyo económico. Esto engloba la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y el refuerzo de la supervisión de los entornos digitales para prevenir riesgos como el ciberacoso o la explotación económica. Se presta una atención particular a colectivos vulnerables, como los niños en acogimiento, menores no acompañados y aquellos en riesgo de exclusión social, asegurando una protección igualitaria para todos.
Aunque aún sujeta a negociación política y aprobación presupuestaria, la prestación universal propuesta ha generado un debate sobre el futuro de la política social en España. Su inclusión en la estrategia nacional subraya el compromiso gubernamental con abordar la pobreza infantil estructural, simplificar el apoyo familiar y alinear a España con los estándares sociales europeos más amplios. La forma final y el calendario de implementación dependerán del debate parlamentario en curso y de los acuerdos presupuestarios.