Washington — Un tribunal federal de apelaciones dió luz verde este lunes para que el gobierno de Trump movilice y despliegue miembros de la Guardia Nacional de Oregón en Portland, mientras continúa un desafío legal.
Un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito acordó congelar una orden de un tribunal inferior que había bloqueado el envío de estas tropas a Portland para proteger al personal y propiedades federales de inmigración.
En su decisión de 2-1, la mayoría consideró que es probable que la administración Trump gane su apelación, estableciendo que el presidente invocó legalmente una ley conocida como el Título 10 para federalizar la Guardia Nacional de Oregón y enviarla a Portland.
“El estatuto delega la autoridad para hacer esa determinación al Presidente y no limita los hechos y circunstancias que el Presidente puede considerar al hacerlo,” escribieron en la opinión los jueces Ryan Nelson y Bridget Bade, ambos nombrados para el Noveno Circuito por el Sr. Trump.
Agentes federales en un edificio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, Oregón, el 12 de octubre de 2025.
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Los jueces encontraron que, en lugar de revisar la determinación del presidente con gran deferencia, el tribunal de primera instancia “sustituyó” sus propias conclusiones sobre la situación en Portland.
“Considerando la totalidad de las circunstancias, existe una base creíble para la determinación del Presidente de que no puede con las fuerzas regulares ejecutar las leyes de los Estados Unidos,” concluyó la mayoría.
La jueza Susan Graber disintió y urgió a todo el Noveno Circuito a reconsiderar el caso “antes de que pueda ocurrir el despliegue ilegal de tropas bajo falsos pretextos.”
El Procurador General de Oregón, Dan Rayfield, hizo eco al llamado de Graber y animó a la comunidad de Portland a asegurar que la ciudad se mantenga “pacífica y segura” mientras continúan los procedimientos legales.
“La decisión de hoy, si se permite, le daría al presidente poder unilateral para poner soldados de Oregón en nuestras calles con casi ninguna justificación,” declaró. “Estamos en un camino peligroso en América.”
La Jueza de Distrito Karin Immergut, nombrada por el Sr. Trump, había emitido dos órdenes temporales este mes sobre la federalización y despliegue de miembros de la Guardia Nacional. La primera prohibía enviar a las tropas de Oregón a Portland, decisión que fue apelada. La segunda impedía desplegar cualquier miembro federalizado de la Guardia Nacional en Oregón.
El Departamento de Justicia no apeló esta segunda decisión, argumentando que, al depender de la misma lógica legal, el tribunal de distrito estaría obligado a disolverla si la administración Trump tenía éxito con su solicitud de auxilio urgente. El Noveno Circuito acordó que “la primera orden y la segunda orden se mantienen o caen juntas.”
La disputa sobre Portland comenzó a fines de septiembre, cuando el presidente ordenó al Departamento de Defensa coordinar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a Oregón. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronto emitió una directiva poniendo a 200 miembros bajo control federal para proteger una instalación de inmigración en Portland.
Sin embargo, los oficiales de Oregón se opusieron al despliegue y presentaron una demanda argumentando que el Sr. Trump carecía de autoridad para federalizar la Guardia Nacional. La jueza Immergut emitió rápidamente una orden temporal bloqueando la directiva de septiembre.
Pero después de esa orden, la administración Trump dijo que enviaría 300 miembros de la Guardia Nacional de California a Portland. El Sr. Trump ya había desplegado miembros de la Guardia Nacional estatal en Los Ángeles en respuesta a protestas, y el Noveno Circuito permitió su despliegue continuo en junio.
Immergut emitió su segunda decisión bloqueando el despliegue de cualquier Guardia Nacional federalizada, la cual el Departamento de Justicia no apeló.
El Sr. Trump ha utilizado la ley conocida como Título 10 para poner a miembros de las Guardias Nacionales estatales bajo control federal y ha buscado desplegar tropas en varias ciudades. La ley permite al presidente federalizar la Guardia cuando no puede ejecutar las leyes con las fuerzas regulares o cuando existe una “rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno.
En su decisión, el Noveno Circuito dictaminó que “existe una base creíble para la determinación del Presidente de que no puede con las fuerzas regulares ejecutar las leyes de los Estados Unidos.”