Ryanair ha criticado duramente al gobierno español por lo que llama una multa “ilegal” de 107 millones de euros, parte de una multa más amplia de 179 millones de euros emitida a aerolíneas de bajo coste por cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano.
La aerolínea irlandesa, que transporta la mayor cantidad de pasajeros a través del Aeropuerto de Alicante-Elche, argumenta que la multa se basa en una interpretación errónea de una legislación desactualizada que data de la era franquista de España.
En un comunicado contundente, Ryanair afirmó que las multas se basan en una ley de la década de 1960 que contradice la legislación europea actual, específicamente, el Reglamento CE 1008/2008, que permite a las aerolíneas de la UE establecer libremente estructuras de precios. La aerolínea insiste en que su política de equipaje de mano es legal y está alineada con las normas de la UE, enfatizando que fomenta tarifas competitivas y elección del consumidor.
La controversia se ha convertido en una disputa pública, con Ryanair burlándose previamente del Ministro de Consumo de España, Pablo Bustinduy, en campañas publicitarias, llegando incluso a retratarlo como un payaso. La aerolínea ahora lo acusa de socavar la certeza legal para los consumidores españoles al aplicar estándares legales “obsoletos” a prácticas comerciales modernas.
Ryanair ha advertido que hacer cumplir la multa podría resultar en precios más altos de los boletos, afectando especialmente al Aeropuerto de Alicante-Elche, donde la aerolínea transportó 7.3 millones de pasajeros en 2024. Junto con otras aerolíneas afectadas como EasyJet, Volotea y Vueling, las aerolíneas multadas representan más del 70% del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto económico más amplio.