Manifestantes tomarán las calles de Mallorca este fin de semana
La indignación crece ante una nueva ley que podría arrasar el campo mallorquín para construir urbanizaciones. La polémica normativa permitiría edificar en terrenos rurales protegidos durante décadas, transformando olivares, almendrales y zonas naturales en complejos turísticos de lujo.
Los críticos advierten que esto desencadenará una oleada especulativa, encareciendo aún más la vivienda para los locales y destruyendo los paisajes que atraen al turismo.
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Impulsada por la coalición PP-Vox, la ley llega cuando la isla ya sufre precios desorbitados por el turismo masivo y la inversión extranjera. Grupos ecologistas la tachan de "bomba territorial, social y ecológica" y convocan una gran protesta el 7 de julio bajo el lema "Paren esta operación especulativa" y "Menos turismo, más vida".
En esencia, la norma permitiría reclasificar suelos protegidos como urbanizables, abriendo puertas a proyectos en zonas vedadas. Los municipios más afectados incluirían Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia, Inca y Manacor.
El gobierno alega que enfrenta una "emergencia residencial", pero la oposición denuncia que solo enriquecerá a los promotores. La protesta coincide con un voto crucial en el Parlamento balear, reflejando el temor a un cambio irreversible.
Detalles técnicos:
- Se reclasificarían "zonas de transición" (áreas rurales protegidas) como aptas para vivienda, pero solo en municipios con más de 20.000 habitantes.
- José Luis Mateo, consejero de Vivienda, defiende la medida como "intervención necesaria".
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