El 31 de julio en Alicante, unos cincuenta agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Policía Portuaria detuvieron a seis personas e incautaron 700 artículos falsificados.
Alicante — El Ayuntamiento de Alicante ha acusado abiertamente al gobierno central español de hacer la vista gorda ante el persistente problema del top manta —la venta ambulante ilegal, frecuentemente de productos falsificados— para evitar avivar la controversia política en torno a la inmigración.
La portavoz municipal, Cristina Cutanda, declaró que la inacción del gobierno equivale a un "descuido deliberado" y afirmó que, pese a las medidas anunciadas por el propio consistorio, el problema sigue arraigado en varios puntos turísticos de la Costa Blanca durante la temporada alta.
Frustración tras una gran operación policial
Las críticas llegan semanas después de una operación a gran escala el 31 de julio en Alicante, donde unos cincuenta agentes de distintas fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas y se incautaron de 700 artículos falsificados. La intervención buscaba frenar el avance de vendedores sin licencia en las zonas más concurridas de la ciudad durante las noches de agosto.
Sin embargo, a pesar de la operación, los vendedores ambulantes han reaparecido rápidamente, lo que ha generado malestar en entidades como la Federación de Comercio de Alicante (Facpyme), que reclama más presencia policial constante.
Cutanda acusó al Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, de suavizar las acciones por "tácticas políticas" y urgió al gobierno a retomar operaciones conjuntas entre la Policía Local y la Portuaria.
El acuerdo municipal aún pendiente
El 22 de julio, el Ayuntamiento anunció planes para formalizar un convenio con la Policía Portuaria y reforzar la vigilancia en el litoral. Aunque nueve días después se llevó a cabo una operación conjunta, el acuerdo sigue sin firmarse, pese a que se esperaba su aprobación en la última reunión del Gobierno Local.
El Consistorio alega que la firma "se está ultimando" y ha solicitado una reunión con la Subdelegación del Gobierno para mejorar la coordinación.
Cutanda insiste en que "no actuar por conveniencia política es inaceptable":
“Le está dando dolores de cabeza al gobierno de Pedro Sánchez, pero nuestra ciudad no puede cargar sola con las consecuencias.”
Un problema costero: Torrevieja y Orihuela Costa
El desafío no es exclusivo de Alicante. Torrevieja y Orihuela Costa, otros dos importantes destinos turísticos de la provincia, llevan años enfrentándose a situaciones similares.
En Torrevieja, el Paseo Marítimo y la zona del puerto suelen ser ocupados por vendedores ilegales de bolsos, gafas de sol y ropa deportiva falsificada. A pesar de los operativos veraniegos, los vendedores reaparecen en cuestión de horas, aprovechando la afluencia turística y las escasas consecuencias legales.
En Orihuela Costa —especialmente en la playa de La Zenia y la zona de Cabo Roig— son frecuentes los enfrentamientos entre vendedores y policías. Los comerciantes locales denuncian que no pueden competir con los precios de los productos ilegales, exhibidos sobre mantas en pleno paseo.
Algunos señalan que el problema se agrava en agosto, cuando la escasez de efectivos coincide con las semanas de mayor afluencia turística.
Las medidas actuales no son suficientes
Aunque la Unidad Fox de Alicante realizó 120 intervenciones contra vendedores ilegales en julio, la persistencia del top manta indica que las acciones policiales por sí solas no bastan.
Los consistorios de la Costa Blanca observan si el gobierno central destinará más recursos y coordinación permanente… o si, como asegura Alicante, los cálculos políticos seguirán eclipsando el problema.
Ventas ilegales le cuestan a la provincia de Alicante 47 millones.