La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia) ha manifestado su preocupación ante el plan del Ayuntamiento de Orihuela de actualizar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría un incremento del 60% en el gravamen. La tarifa actual permanece congelada desde su última actualización en 2008.
Provia sostiene que la subida impositiva sería un grave error, ya que reduciría la inversión y el empleo en Orihuela y su comarca, elevaría el precio de la vivienda y dificultaría el acceso a la misma para los jóvenes. La asociación también advierte de que dicha medida generaría inseguridad jurídica y ahuyentaría las inversiones en un sector que ya soporta una "presión fiscal y regulatoria muy elevada".
El colectivo de promotores destaca que la nueva ordenanza colocaría a Orihuela en una situación de desventaja frente a otros municipios que compiten por atraer inversiones. Jesualdo Ros, secretario general de Provia, afirmó que la medida—prevista para su aprobación inicial a finales de septiembre—dañaría tanto la economía como el empleo: "Mayores impuestos suponen menos proyectos, lo que se traduce en la pérdida de empleos, tanto directos como indirectos".
Vivienda Asequible en Riesgo
La actualización elevaría la base de referencia de los actuales 500 euros por metro cuadrado a 797 euros en todo el término municipal. Provia insiste en que un aumento de esta magnitud va en contra del objetivo de una vivienda asequible.
"Si suben los costes de construcción, estos se trasladan inevitablemente al precio final de la vivienda—sumados al IVA. Esto dificulta aún más que los jóvenes y las familias con menos recursos puedan adquirir un hogar", señaló la asociación.
El grupo, que representa a los grandes promotores de Alicante—incluidos aquellos muy activos en el mercado de vivienda turística de la Orihuela Costa—, alerta de que el cambio crearía "inseguridá jurídica y desincentivaría la inversión". Los promotores, argumentan, buscan entornos estables y predecibles, no cambios fiscales abruptos que puedan tornar los proyectos en inviables.
"El sector ya soporta unas cargas fiscales y regulatorias muy pesadas. Añadir más podría hacer que algunos proyectos simplemente no sean viables", añadió Provia.
Desventaja Competitiva
Ros también enfatizó que Orihuela arriesga quedarse rezagada respecto a localidades vecinas: "Mientras muchos lugares trabajan para atraer inversiones y simplificar trámites, esta medida empujaría el capital y las oportunidades hacia municipios con políticas más favorables".
Posición del Ayuntamiento
El concejal de Urbanismo de Orihuela, Matías Ruiz (PP), quien es ingeniero y ha desarrollado una larga trayectoria en el sector privado de la vivienda, defendió la medida a principios de año. Argumentó que el municipio ha estado perdiendo aproximadamente 4 millones de euros anuales con el cálculo tributario actual, recaudando solo alrededor de 3 millones.
Según Ruiz, el coste de construir una vivienda nueva en la Orihuela Costa ronda los 1.200 euros por metro cuadrado—muy por encima de la referencia actual de 500 euros. Insistió en que no se trata de una subida de impuestos, sino de una "actualización a los precios reales de mercado", señalando que, durante años, el sistema vigente ha permitido a los promotores ahorrar cantidades sustanciales. Ruiz incluso sugirió que los promotores se han beneficiado en exceso de las tarifas obsoletas: "Los promotores obtienen beneficios considerables de su actividad", afirmó.
Próximos Pasos
La ordenanza propuesta ha sido compartida con los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cambiemos). Se prevé que sea sometida a aprobación provisional en el pleno municipal de finales de septiembre, con la aprobación definitiva probablemente en octubre o noviembre, tras el período de alegaciones.
