España planea prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, desatando el debate entre la protección infantil y el control digital.
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España avanza hacia la prohibición del acceso a las redes sociales para los niños menores de 16 años, una medida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Según la declaración oficial del Ejecutivo español, el objetivo es crear un entorno digital “más sano, seguro y democrático” para los jóvenes. El plan se enmarca en un paquete legislativo más amplio que pretende endurecer la regulación de las plataformas en línea, reforzar la verificación de edad e incrementar la responsabilidad corporativa frente a los contenidos nocivos.
Según la propuesta, las empresas de redes sociales estarían obligadas por ley a verificar la edad de los usuarios antes de permitirles el acceso. Si las Cortes aprueban la ley, las plataformas que no cumplan podrían enfrentarse a sanciones. El Gobierno argumenta que la medida responde a la creciente preocupación por la adicción algorítmica, la exposición a contenidos dañinos y el impacto psicológico de las redes sociales en los menores.
Argumento de seguridad frente a preocupaciones de control
Aunque el discurso oficial se centra en la protección infantil, muchos críticos ven en esta iniciativa no tanto una salvaguarda para los menores, sino una expansión del control estatal sobre el ámbito digital. Los defensores de los derechos digitales advierten de que aún no existe una tecnología de verificación de edad fiable y que respete la privacidad, lo que suscita el temor de que la política conduzca a una mayor recopilación de datos, controles de identidad más estrictos y una mayor injerencia gubernamental en el uso cotidiano de internet.
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Para muchos observadores, el debate ha pasado de si debe protegerse a los niños en línea a cuánto poder deben tener los gobiernos para regular el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación digital.
Comparación con el Reino Unido
El Reino Unido ha adoptado un enfoque distinto. En lugar de una prohibición directa por edad, se rige por la Ley de Seguridad en Línea de 2023, que impone a las plataformas de redes sociales deberes legales de cuidado para proteger a los usuarios, especialmente a los menores, de contenidos ilegales y nocivos. El regulador de las comunicaciones, Ofcom, se encarga de su aplicación y puede imponer multas de hasta 18 millones de libras o el 10% de la facturación global de una empresa.
El Gobierno británico ha iniciado consultas sobre la posible introducción en el futuro de límites de edad más estrictos, incluida una posible prohibición para los menores de 16 años. Sin embargo, por el momento no existe una prohibición general, y el enfoque sigue estando en la responsabilidad de las plataformas y no en las restricciones de acceso impuestas por el Estado.
El enfoque de Estados Unidos
En Estados Unidos no existe una ley federal que prohíba las redes sociales para grupos de edad específicos. En su lugar, la respuesta ha sido principalmente legal y regulatoria, más que legislativa. Se están presentando demandas de alto perfil contra las principales plataformas por sus funciones de diseño supuestamente adictivas y su impacto en los usuarios jóvenes, mientras que agencias federales como la Comisión Federal de Comercio siguen aplicando las leyes existentes de protección al consumidor y privacidad infantil.
Esto significa que el modelo estadounidense se basa más en que los tribunales y los reguladores exijan responsabilidades a las empresas, y no en que el gobierno controle directamente quién puede usar las redes sociales.
Qué significa esto para España
La propuesta española sitúa al país a la vanguardia de los esfuerzos globales por regular la vida digital de los jóvenes. Que sea recordada como un paso necesario para proteger a la infancia o como una expansión significativa del control estatal sobre los espacios en línea dependerá de cómo se redacte, implemente y impugne la ley en los próximos años.