Sumar propone nuevos controles de alquiler y un impuesto a los propietarios de múltiples viviendas.
Crédito: sommart sombutwanitkul, Shutterstock
La coalición de izquierdas Sumar está intensificando la presión sobre el Gobierno para que tome medidas urgentes ante la creciente crisis de vivienda en el país.
El grupo ha propuesto un nuevo decreto ley de emergencia en materia de vivienda, que incluiría la congelación de los alquileres, la extensión de los contratos y un impuesto para los caseros que posean varias propiedades.
Esta llamada a la acción se produce justo cuando el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación para los votantes de Sumar. Aproximadamente un 60% de sus simpatizantes afirmó que es su tema prioritario, en comparación con una media del 37% en el conjunto de los partidos.
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El Ministerio de Vivienda ha respondido con cautela, afirmando que acoge con satisfacción nuevas ideas, pero dejando claro que las propuestas de Sumar no figuran actualmente en su agenda parlamentaria.
Congelación de alquileres y extensión de contratos
Sumar sostiene que su plan está diseñado para «garantizar el derecho a la vivienda, frenar la especulación inmobiliaria y fortalecer la protección de los inquilinos».
Según la propuesta, los contratos de alquiler se congelarían y se renovarían automáticamente al término de su vigencia. Para los inquilinos que residan en zonas no designadas como de alta presión, los arrendamientos se prorrogarían por tres años más, mientras que en las zonas de alta demanda se extenderían por dos años adicionales, lo que significa que algunos inquilinos podrían permanecer en sus hogares hasta una década con el mismo alquiler.
El partido también pretende regular todos los contratos de alquiler, incluso de forma temporal, hasta que el Gobierno defina oficialmente qué se considera área «tensionada». En la práctica, esto impediría a los propietarios subir el precio del alquiler en las renovaciones o en nuevos acuerdos, manteniéndolo en la tarifa anterior.
Sumar también aboga por incluir el alquiler de habitaciones en las políticas de control de precios, un segmento creciente del mercado inmobiliario que ha experimentado fuertes aumentos de precio, especialmente en Madrid y Barcelona.
Un impuesto del 5% para los grandes tenedores
Más allá del control de alquileres, Sumar también quiere abordar lo que denomina «la concentración de la riqueza inmobiliaria». El grupo ha propuesto una modificación significativa del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, introduciendo un tributo anual del 5% para los propietarios que posean cuatro o más viviendas.
La idea, argumenta Sumar, es desincentivar la tenencia especulativa –donde las propiedades se mantienen vacías o se usan solo para lucrarse– y presionar a los dueños para que reintroduzcan más viviendas en el mercado de alquiler.
Al mismo tiempo, la propuesta incluye incentivos fiscales para la vivienda asequible. Las empresas que alquilen viviendas por debajo del precio de mercado, según los índices oficiales de precios de alquiler, recibirían una deducción del 40% en el Impuesto de Sociedades.
Sumar también quiere garantizar que las promotoras que compren nuevas propiedades con fines de alquiler estén obligadas a ofrecer rentas asequibles, asegurando que las nuevas promociones no alimenten únicamente la especulación.
Controles más estrictos para los alquileres turísticos
Otra parte fundamental del plan de vivienda de Sumar se dirige a los alquileres turísticos de corta duración, que, según el partido, están expulsando a los residentes de los centros urbanos y empujando los alquileres aún más hacia arriba.
Sumar propone que cualquier contrato de alquiler superior a 30 días se clasifique oficialmente como alquiler turístico, poniendo fin a la extendida práctica de los arrendamientos «temporales» para eludir la regulación.
Además, el partido apoya gravar los alquileres turísticos con un 21% de IVA, una medida que ya ha sido planteada por el Partido Socialista (PSOE).
Aunque las propuestas han acaparado atención, varias de ellas se enfrentan a serios desafíos legales y políticos. Algunas medidas competen a las comunidades autónomas en vez de al ámbito nacional, lo que significa que no podrían imponerse en toda España. Otras necesitarían un amplio apoyo parlamentario, que Sumar no tiene en estos momentos –especialmente de Junts, cuyo respaldo sería clave para aprobarlas–.
Aún así, el debate ha reavivado la preocupación por la crisis de asequibilidad en España y la lenta tramitación de la reforma de la vivienda por parte del Gobierno.
Una creciente sensación de urgencia
A pesar de los obstáculos, Sumar insiste en que la acción no puede esperar. Con los alquileres continando en ascenso y el acceso a la vivienda en propiedad cada vez más lejano, el partido afirma que es el momento de una respuesta valiente e inmediata.
El mercado de alquiler español se ha convertido en uno de los más caros de Europa en relación con los ingresos. En las grandes ciudades, los inquilinos dedican más del 40% de su salario al alquiler, según estudios recientes –muy por encima del umbral del 30% considerado asequible–.
Para Sumar, esto ya no es solo una cuestión económica, sino social, que refleja una profunda desigualdad y la falta de acceso a una de las necesidades más básicas. «La vivienda es un derecho, no un privilegio», declaró Santiago, abogando por «un equilibrio más justo entre los derechos de los propietarios y la protección de los inquilinos».
Está por ver si el Gobierno adopta alguna de estas medidas. Pero lo que es seguro es que la presión para actuar sobre la crisis de vivienda en España es más fuerte que nunca.
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