El 4 de agosto, el Govern Balear presentó el nuevo Servicio de Vigilancia Costera. Compuesto por 22 nuevas embarcaciones, este servicio tiene como objetivo controlar las actividades desmesuradas en el litoral. La creación del servicio se debió en gran medida a los sucesos acaecidos en Cala Bona durante el verano de 2024; Guiem Comamala falleció tras ser embestida su barca de pesca por una yate.
Más de tres meses después, las embarcaciones permanecen inoperativas. Cierto es que la necesidad disminuye en temporada baja, pero lo cierto es que tampoco se utilizaron de agosto a octubre. La razón estriba en trámites procedimentales relativos a la Capitanía Marítima, la cual depende del ministerio nacional de transporte.
La conselleria de mar afirma que se ha cumplido con toda la documentación necesaria, registros, seguros e inspecciones técnicas. No obstante, aún se aguarda la homologación por parte de la Capitanía Marítima.
«Esto no ha obstaculizado la labor del Govern, que ha proseguido realizando tareas de inspección y control del litoral mediante drones y otras embarcaciones de su propiedad. En cuanto la Capitanía Marítima finalice los trámites, las embarcaciones se incorporarán al servicio.»
Tras el incidente de Cala Bona, se criticó la falta de control sobre las actividades excesivas. La Guardia Civil cuenta con barcos, pero son insuficientes para cubrir las necesidades diarias.
En playas como Es Carbó (Colonia Sant Jordi) e Illetes, la situación ha sido descrita como completamente descontrolada, con motos acuáticas y diversos tipos de embarcaciones invadiendo la zona de baño, a pesar de estar claramente delimitada. En Es Carbó, los bañistas se han quejado de que la Guardia Civil no acude a lidiar con los infractores.
Las 22 embarcaciones se dividirán en dos grupos operativos. Diez estarán destinadas a labores de vigilancia, inspección y control. Estas unidades se centrarán en la monitorización del sector de embarcaciones náuticas y recreativas y serán asignadas inicialmente a seis puertos de Mallorca —Andratx, Cala Rajada, Colonia Sant Jordi, Pollença, Porto Cristo y Sóller— además de otros en Menorca e Ibiza. No obstante, se prevé que operen desde otros puntos en función de las necesidades.
Las otras doce embarcaciones serán asignadas a los puertos gestionados por la autoridad portuaria autonómica, Ports IB, para apoyar las operaciones internas y responder a los requirimientos operativos de los puertos.