Inspectores descubrieron medicamentos veterinarios y de uso humano siendo utilizados sin autorización. Crédito de la foto: Elena Shishkina/Shutterstock
Cerca de un centenar de personas han sido detenidas o investigadas en toda España tras una macrooperación de la Guardia Civil dirigida contra graves infracciones de la normativa de sanidad animal y el uso ilegal de medicamentos veterinarios.
La campaña, liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, formó parte de un esfuerzo nacional coordinado para reforzar los controles sobre el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la salud pública. Las inspecciones se llevaron a cabo en múltiples sectores de la industria ganadera, incluyendo granjas, operadores de transporte y mataderos.
Alcance de la Campaña de Control
La operación resultó en 93 individuos detenidos o investigados, incluidas cuatro personas jurídicas, por presuntos delitos. Estos incluyeron maltrato animal, abandono de animales, falsificación documental y violaciones de la legislación diseñada para proteger la salud pública.
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Las autoridades ordenaron la inmovilización o eutanasia de 1.441 animales debido a preocupaciones de bienestar o irregularidades sanitarias. El ganado afectado comprendía 673 ovejas, 368 aves de corral, 184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo. Estas medidas se aplicaron donde los animales carecían de controles sanitarios adecuados, trazabilidad, o se mantenían en condiciones que no cumplían los estándares legales.
Paralelamente a las investigaciones criminales, los agentes registraron más de 3.300 infracciones administrativas, la mayoría vinculadas a incumplimientos sanitarios y a la gestión de medicamentos veterinarios. Las inspecciones abarcaron múltiples etapas de la producción y distribución animal, reflejando una evaluación amplia del cumplimiento en toda la cadena alimentaria española.
Macrooperaciones en Toda España
Una de las investigaciones más significativas, la Operación Pox, desarticuló una red criminal en Toledo, Ávila y Madrid que introducía ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria. Los investigadores hallaron que animales de granjas legales e ilegales eran trasladados a instalaciones de sacrificio no registradas y sacrificados en condiciones antihigiénicas. La carne se vendía posteriormente a restaurantes asiáticos en Madrid, y 30 personas fueron investigadas en relación con esta operación. El SEPRONA coordinó esta investigación con Europol y las autoridades locales de Madrid y Castilla-La Mancha.
En Badajoz, la Operación Saxum Tubercum descubrió la manipulación deliberada de las pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Los inspectores también descubrieron medicamentos veterinarios y de uso humano siendo utilizados sin autorización y prácticas destinadas a ocultar enfermedades. En la misma provincia, las autoridades desarticularon un grupo familiar de seis personas responsable de reiterados robos de ovejas, recuperando animales sustraídos e inmovilizando 262 ovinos sin trazabilidad.
La Operación Antimicrobiano se centró en irregularidades en la prescripción y dispensación en Córdoba y Ciudad Real, revelando prácticas veterinarias no autorizadas y dispensación ilegal de medicamentos. Cuatro individuos y una empresa fueron investigados por delitos que incluyen atentados contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental. Un caso relacionado en Córdoba descubrió una venta ilegal en línea de medicamentos veterinarios, con más de 1.000 fármacos sin trazabilidad y más de 100 productos ilícitos incautados. Dos individuos y una persona jurídica fueron investigados.
La Operación Cabiano abordó irregularidades en el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena, destinados a exportación a Libia y Líbano. Las autoridades descubrieron que varios equinos no estaban correctamente registrados, resultando en cargos por falsificación documental. La investigación involucró coordinación con las autoridades belgas, subrayando la naturaleza transfronteriza de algunos delitos en el comercio animal.
Los Medicamentos Veterinarios Bajo la Lupa
Una preocupación central de la campaña fue el uso indebido de fármacos veterinarios. Los investigadores identificaron casos donde se administraban medicamentos sin autorización y se ignoraban los periodos de retirada antes de entrar en la cadena alimentaria. Otras infracciones incluyeron almacenamiento y registro inadecuados, lo que obstaculizaba la trazabilidad y la supervisión regulatoria.
La legislación española y de la UE exige que los medicamentos veterinarios sean prescritos y administrados por profesionales cualificados. La Guardia Civil advirtió que el uso no autorizado no solo contraviene la normativa, sino que puede conllevar graves riesgos para el bienestar animal y la seguridad de los consumidores.
Incumplimiento Generalizado en el Sector
Más allá de los casos criminales, la operación puso de relieve un incumplimiento sistémico. Las infracciones administrativas incluyeron condiciones sanitarias deficientes, documentación ausente o incompleta, fallos en la identificación animal y violaciones de la normativa de transporte. Las autoridades señalaron que estas negligencias comprometen el bienestar animal, la integridad de los sistemas de seguridad alimentaria y la competencia leal entre operadores cumplidores.
En total, se registraron 65 delitos penales y 3.316 infracciones administrativas, englobando faltas contra el bienestar animal, mal uso de medicamentos veterinarios, intrusismo, introducción de animales no aptos en la cadena alimentaria, falsificación documental y participación en crimen organizado. Aproximadamente el 81% de las violaciones administrativas implicaron incumplimientos de la normativa de sanidad animal.
Contexto de Salud Pública y Regulatorio
La Guardia Civil subrayó que la operación respalda el enfoque «Una Sola Salud» de la UE y la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea. El SEPRONA continúa coordinando esfuerzos de control para combatir prácticas ganaderas irregulares con implicaciones nacionales y transfronterizas.
Los procedimientos judiciales continúan abiertos, y se esperan nuevas actuaciones mientras los investigadores siguen analizando las pruebas. Los oficiales recalcaron que el objetivo de la campaña es garantizar el cumplimiento uniforme, proteger a los consumidores y defender los estándares de bienestar animal en toda España.