A principios de este otoño, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece su programa “Tarjeta Dorada”, una vía de un millón de dólares para que la élite global obtenga la residencia legal en Estados Unidos, con el doble objetivo de aumentar la inversión en negocios estadounidenses y reducir la deuda nacional.
Aunque es posible que el programa no supere los desafíos legales, pone de relieve algo digno de imitar tanto a nivel estatal como federal: utilizar la inmigración de forma estratégica para resolver carencias domésticas reales. Los estados deberían colaborar con el gobierno federal para crear una “Tarjeta Rosa Dorada”, diseñada para retener a trabajadores sanitarios inmigrantes en las comunidades con déficits de personal más severos.
Los hospitales tienen escasez de personal y el sistema sanitario estadounidense se prepara para la doble presión de las jubilaciones de los baby boomers y el envejecimiento demográfico. La falta de personal –agravada por los retrasos en el procesamiento de visados de residencia para extranjeros– aumenta la presión sobre un sistema que ya lucha por satisfacer una demanda creciente. Para 2036, Estados Unidos podría enfrentar un déficit de entre 13.500 y 86.000 médicos. Eso sin contar los 9 millones adicionales de auxiliares de salud a domicilio, proveedores de salud mental y personal de apoyo que tampoco cubren la demanda.
Estas carencias amenazan la calidad, accesibilidad y seguridad de la atención, especialmente en zonas rurales y desatendidas, donde se ven afectados unos 75 millones de estadounidensesampliando programas en colegios comunitarios para enfermería y salud aliada. Las modalidades de aprendizaje “ganar y aprender” permiten a los estudiantes formarse en entornos clínicos sin contraer deudas.
Estos esfuerzos están dando resultado, pero incluso en los escenarios más optimistas, no escalarán con la rapidez necesaria para satisfacer la demanda. Ahí es donde una reforma migratoria selectiva puede ayudar, y los estados pueden marcar el camino. Se necesita una vía paralela: una que permita a los estados designar áreas de alta necesidad, agilizar las licencias y colaborar con programas federales para ubicar a profesionales cualificados de forma rápida y responsable.
Los profesionales sanitarios nacidos en el extranjero ya desempeñan un papel vital en el sistema de salud estadounidense. Uno de cada cuatro médicos, casi un tercio de los trabajadores de cuidado a domicilio y el 22 por ciento de los asistentes de enfermería de cuidados a largo plazo son inmigrantes. Pero los canales de visado de los que dependen están saturados u obsoletos. El límite del H-1B se ha alcanzado cada año desde 2008, y muchas enfermeras no cumplen sus requisitos académicos. La Exención Conrad 30 permite a graduados médicos internacionales quedarse en Estados Unidos si sirven en áreas desatendidas, pero está limitada a 30 plazas por estado. Más recientemente, la congelación de 2024 del Departamento de Estado en el procesamiento de visados para enfermeras llegó justo cuando las tasas de vacantes alcanzaron máximos históricos.
Otros países en situaciones similares actúan con urgencia. En 2023, el Reino Unido emitió 146.000 Visados para Trabajadores Sanitarios y de Cuidados. El Proyecto Piloto de Vías de Movilidad Económica de Canadá ha acogido a 2.000 refugiados cualificados y sus familias, muchos de los cuales se forman y ubican en roles sanitarios. No hay razón para que Estados Unidos se quede atrás.
El Congreso debería actuar creando un programa de visados selectivo que lleve a profesionales clínicos cualificados a las comunidades que los necesitan. El visado Rosa Dorada materializa esta visión. Inspirado en parte en la Exención Conrad 30, ubicaría a profesionales licenciados en áreas de escasez designadas, con términos renovables según rendimiento y necesidad continua. Es un modelo inteligente y ágil para una inmigración de alta necesidad y alta cualificación.
También sería políticamente viable, recibiendo apoyo de ambos bandos. Solo el 32% de los votantes afines al Partido Republicano apoyaban inicialmente aumentar la inmigración legal en el sector sanitario, hasta que conocieron más detalles. El apoyo a la Exención Conrad 30, por ejemplo, escaló al 76% cuando los votantes comprendieron su propósito y funcionamiento. Casi tres cuartas partes de los estadounidenses ya apoyan un enfoque basado en el mérito para la inmigración cualificada. Cuando la política migratoria se vincula directamente al acceso a la sanidad, el público se suma.
El sistema actual no puede satisfacer la demanda creciente. El límite anual de visados H-1B se satura perpetuamente. Medidas pasadas de parche –como el extinto visado H-1C, limitado a unos cientos de enfermeras– se quedaron muy cortas. La exención Conrad 30 sigue con recursos insuficientes, y la congelación de visados para enfermeras de 2024 ha agravado, no aliviado, las carencias.
El Congreso tiene una oportunidad única para construir capacidad sanitaria a largo plazo mientras aborda crisis inmediatas de personal. Eso significa expandir la formación nacional y permitir que los estados tomen la iniciativa en desplegar a profesionales clínicos inmigrantes cualificados donde más se necesitan. La política laboral sanitaria no es solo sobre niveles de personal o horarios de turnos. Es una cuestión de salud pública, estabilidad económica y resiliencia nacional.
Con su propuesta de la Tarjeta Dorada, el presidente Trump ha señalado una disposición a aumentar la inmigración que sirva a la ventaja táctica de Estados Unidos. Pocos desafíos que enfrenta nuestro país envejecido son tan graves como la escasez de personal que limita el acceso a cuidados que salvan vidas.
Los estadounidenses sufren cuando los hospitales cierran, las residencias de ancianos caen por debajo de los estándares de cuidado y los servicios de salud mental se vuelven inaccesibles. La inmigración debería ser parte de la solución. El visado Rosa Dorada y reformas similares ofrecen un camino estratégico a seguir, uno que fortalece nuestro sistema sanitario abriendo puertas a aquellos preparados y dispuestos a servir.
Foto: Evgenia Parajanian, Getty Images
Kristie De Peña es Vicepresidenta Senior de Políticas y Directora de Política Migratoria en el Centro Niskanen. De Peña tiene más de una década de experiencia liderando iniciativas para moldear políticas a nivel nacional. Es reconocida por su experiencia analizando temas complejos, elaborando soluciones políticas innovadoras y construyendo coaliciones para lograr cambios.
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