El lunes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ibiza aprobó sendas propuestas para imponer dos expedientes sancionadores por uso turístico ilegal de inmuebles, que ascienden a 740.239,51 euros, correspondientes al valor de la edificacón afectada (453.416,77 euros en un caso y 286.822,74 en el otro). A dichas cantidades “se les aplica el criterio sancionador previsto en la normativa urbanística vigente, al haberse acreditado el cambio de uso de vivienda a turístico sin la preceptiva autorización, infracción tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears”, explicó el Consistorio.
Durante una de las inspecciones efectuadas por la Policía Local en 2024, los agentes constataron que la primera de las fincas sancionadas se destinaba a fines turísticos contraviniendo la normativa urbanística. Conforme al artículo 167.4 de la Ley 12/2017, que establece sanciones del 50% al 100% del valor de la edificación cuando el cambio de uso no esté permitido.
El segundo caso se refiere a otro inmueble en el que también se verificó el uso turístico no autorizado, imponiéndose por ello la correspondiente sanción por el cambio de uso. En este caso, la multa también se ha aplicado de acuerdo con los artículos 163 y 167 de la Ley 12/2017 y el Reglamento del procedimiento sancionador aprobado por el Decreto 1/2024, que regulan los criterios de graduación y responsabilidad en las infracciones urbanísticas.
El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha subrayado la importancia de adoptar una postura firme contra estas prácticas. “No se puede alquilar pisos sin licencia turística a personas que vienen de vacaciones a Ibiza porque supone una competencia desleal para el sector hotelero y el sector legal de alojamientos turísticos. Seguiremos presionando a quienes incumplen las normas”, concluyó Triguero.
El mes pasado, la consejería de Turismo del Consejo de Mallorca anunció que ha impuesto multas por un total de 300.000 euros a un edificio del distrito de Llevant de Palma donde varias viviendas funcionaban como alquileres vacacionales ilegales. Los inspectores de Turismo han concluido los correspondientes procedimientos sancionadores tras lo que el departamento califica como un “extenso trabajo”. Hace un año, la consejería impuso otra multa a un edificio diferente en el distrito de Llevant. En aquel caso, la cuantía fue muy superior: casi un millón de euros, repartidos en doce sanciones de 80.000 euros cada una por las propiedades comercializadas ilegalmente, todas de un mismo propietario.