El gobierno balear ha ‘celebrado’ que el gobierno central se haya sumado a la lucha contra el alquiler turístico ilegal en las islas, tras que casi 2.400 propiedades no obtubieran el número de registro requerido para seguir anunciándose en plataformas de alquiler vacacional. Esta fue la reacción del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, al ser preguntado por las declaraciones realizadas el domingo por el Ejecutivo nacional.
Aseveró que ‘ya era hora’ de que el gobierno central destinara recursos a combatir los alquileres ilegales porque, a su juicio, esta primera cifra proporcionada es ‘elevada y considerable’. ‘Actuar contra quienes infringen la ley es lo primero de lo que deberían ocuparse los gobiernos’, añadió. Aun así, puntualizó que queda por ver si esta cifra es ‘correcta’ o si aún se pueden hallar más casos, ya que el gobierno autonómico también destina recursos procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) a esta problemática.
Bauzà recalcó que, incluso si hay una sola persona que incumple la normativa, considera que se trata de una cifra ‘elevada’, motivo por el cual se ha marcado como objetivo para el resto del año político luchar contra quienes ‘quebrantan la ley’ y ‘abuscan de un destino’ como el balear. Interpelado sobre las declaraciones de representantes de Habtur Baleares, en las que alegan que existen propiedades turísticas legales que han quedado fuera del registro, subrayó que ‘seguramente’ la provisión del registro por parte del gobierno central ‘puede mejorarse’ e intentar que ‘no sea injusta’, pero valoró el objetivo de combatir la oferta ilegal.
‘Este registro habrá sido diseñado para inmuebles que se hallan fuera de la normativa urbanística y habrá que evaluar cada caso, pero cualquier propiedad que solicite su licencia dentro del plazo y conforme a la normativa de los consejos insulares no tendrá problema para obtener este registro’, argumentó.
Otra cuestión sobre la que se consultó a Bauzà fue la declaración del presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, en la que criticaba la falta de acción de las instituciones contra los alquileres turísticos ilegales, a los que tachó de ‘injustos’. Sostuvo que los diversos planes ITS del gobierno han destinado recursos para incrementar la plantilla de los consejos insulares que combaten el alquiler ilegal y, si bien admitió que los recursos que se pueden asignar para luchar contra las ilegalidades son ‘escasos’, afirmó que el gobierno viene invirtiendo medios desde 2023.