Al gobierno español se le ha criticado con cierta injusticia por introducir una amnistía burocrática para medio millón de personas que residen ilegalmente en el país. La habitual «Brigada de Paremos los Barcos» ha arremetido contra el presidente Pedro Sánchez, a quien acusan de fomentar lo que ellos denominan una «invasión inmigrante». Nada más lejos de la realidad. Estas personas ya se encuentran en España, viviendo y trabajando al margen de la ley.
Es probable que muchos sean explotados debido a su falta de documentación, por lo que el gobierno ha decidido regularizar su situación, siempre que no tengan antecedentes penales. Sí, las cifras oficiales mostrarán un aumento considerable en el número de extranjeros residentes en España, pero ¿a quién le importa?
España tiene un déficit acuciante de trabajadores; las empresas no logran cubrir sus plantillas. El gobierno ha recurrido a personas de otras nacionalidades, y hoy millones contribuyen con su trabajo y sus impuestos en España.
Sánchez ha desafiado la tendencia europea y, en lugar de intentar impedir la llegada de trabajadores inmigrantes, ha hecho exactamente lo contrario, siempre que sea de forma legal. La diferencia es evidente: la economía española no deja de fortalecerse mientras el resto de Europa se estanca. Quizás Sánchez tenga razón y los demás estén equivocados.