Las declaraciones de Montero no se han quedado en los círculos internos del partido. Crédito de la foto: Jorge Contreras Soto/Shutterstock
España se ha adentrado en un intenso debate político tras las declaraciones de Irene Montero, líder de la formación de extrema izquierda Podemos, quien abordó abiertamente cómo la nueva política acordada por el Gobierno para regularizar a cientos de miles de migrantes indocumentados podría influir en los patrones de voto futuros. Esta postura ha polarizado a la opinión pública y ha generado encendidas réplicas por parte de sus adversarios políticos.
La semana pasada, Podemos alcanzó un acuerdo con el Partido Socialista (PSOE) para implementar una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular en España. Se estima que la medida beneficiará a alrededor de 500.000 personas, permitiéndoles obtener permisos de residencia temporal con acceso al trabajo y derechos sociales, siempre que acrediten haber vivido en el país al menos cinco meses antes de finalizar 2025.
Montero enmarca la política migratoria como derechos e inclusión cívica
Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, calificó el acuerdo como una victoria para los derechos humanos y la justicia social. Durante un acto del partido en Zaragoza, subrayó que la regularización supone un reconocimiento, largamente pendiente, a la contribución de los migrantes irregulares a la sociedad española.
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No obstante, Montero fue más allá del estatus legal, abogando explícitamente por avanzar hacia la inclusión política de los regularizados. «Hemos conseguido los papeles, la regularización ahora, y ahora vamos a por la nacionalidad o por cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto», afirmó, dejando claro que la ampliación del derecho a voto es un objetivo próximo para su formación.
En el mismo discurso, invitó a las comunidades migrantes y racializadas a mantenerse activas en la vida política, expresando su esperanza de que apoyen causas progresistas y ayuden a reconfigurar el panorama político español. «Espero que podamos barrer a los fascistas de este país con la gente migrante, con la gente trabajadora… por supuesto, queremos que voten», declaró, en referencia a su propósito de contrarrestar la influencia de la derecha y la extrema derecha.
Los críticos destacan las implicaciones electorales
Las palabras de Montero traspasaron los límites del debate interno. Fragmentos de sus intervenciones, incluido un controvertido extracto donde vinculaba la participación electoral migrante con la reducción de la influencia de «racistas» y «fachas», se han viralizado en redes sociales. Esto ha avivado las críticas de sus oponentes, quienes acusan a Podemos de emplear la política de regularización como una herramienta estratégica para ampliar su base electoral.
Voces conservadoras, incluyendo figuras públicas en plataformas digitales, han utilizado el lenguaje de Montero para argüir que la medida tiene una intencionalidad política explícita. En algunas reacciones, líderes empresariales y tecnológicos la acusaron de buscar un cambio demográfico para obtener rédito electoral, una imputación que ha sido recogida por análisis internacionales.
Los aliados de Podemos han rebatido estas acusaciones, señalando que las palabras de Montero fueron sacadas de contexto o exageradas. Sostienen que sus comentarios se enmarcan en una defensa más amplia de la igualdad de derechos y la inclusión, y no constituyen una declaración de estrategia electoral partidista.
El Gobierno y la oposición chocan sobre la motivación
El debate ha involucrado a otras figuras políticas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo PSOE negoció el acuerdo con Podemos, respondió a la polémica presentando la política como una necesidad humanitaria y social, desvinculándola de cualquier cálculo electoral. Sánchez desestimó las acusaciones sobre fines políticos y la situó como el cumplimiento de los compromisos de España con la dignidad y la inclusión.
Al otro lado del espectro, formaciones de derecha como el Partido Popular (PP) y Vox han aprovechado la controversia para criticar tanto al PSOE como a Podemos. Argumentan que legalizar a medio millón de migrantes y, posteriormente, abogar por su derecho a voto, constituye un intento de moldear el electorado en favor de la izquierda. Ambos partidos citan las declaraciones de Montero como prueba de lo que describen como una estrategia de motivación política tras la regularización.
Reacción pública y debate más amplio
Más allá de la política formal, la discusión pública ha sido acalorada. En plataformas como X y otras redes, usuarios de todas las tendencias han debatido si el discurso de Montero refleja un plan electoral deliberado. Analistas de uno y otro signo han señalado el cambio demográfico y la política migratoria como ejes centrales del futuro panorama político español.
Mientras tanto, los colectivos de la sociedad civil que respaldaron la medida, muchos de los cuales llevan años luchando por los derechos de los migrantes, insisten en que el foco debe permanecer en garantizar protección legal e integración social para quienes han vivido y trabajado en España durante años sin papeles.
Mirando hacia el futuro
Con el proceso de regularización programado para comenzar en abril, el foco político se desplaza hacia su implementación y las posibles reformas legales. Podemos ha señalado que modificar las leyes de nacionalidad y sufragio seguirá siendo una prioridad, si bien dichas reformas requerirían una iniciativa legislativa independiente, más allá del actual decreto.
En vísperas de elecciones autonómicas y generales en los próximos años, la intersección entre política migratoria y cálculo electoral seguirá moldeando, previsiblemente, el debate público, reflejando conversaciones más amplias sobre inclusión, derechos y cambio demográfico en el seno de la democracia española.