La nueva ley portuguesa podría revocar la nacionalidad a ciudadanos con doble nacionalidad condenados por delitos graves.
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El Parlamento de Portugal ha dado un paso significativo hacia el endurecimiento de sus leyes de nacionalidad, al aprobar una nueva medida que permite la pérdida de la nacionalidad portuguesa para aquellos ciudadanos naturalizados con doble nacionalidad que sean condenados por la comisión de delitos graves.
La propuesta, aprobada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del parlamento, ha generado un acalorado debate que ha trascendido las líneas partidistas.
La nueva ley incorpora la pérdida de nacionalidad al Código Penal
La enmienda –que introduce la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria en el Código Penal– fue aprobada tras una tensa votación en comisión el jueves. La propuesta recibió el apoyo de Chega, mientras que el gobernante Partido Socialista (PS) modificó su postura inicial para abstenerse, lo cual permitió que la medida avanzara.
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Inicialmente, el PS había prometido votar en contra de casi todos los artículos de la nueva ley. No obstante, finalmente accedió a establecer un período de diez años posteriores a la naturalización durante el cual se podría aplicar esta sanción. Chega había presionado para que este plazo fuera de veinte años, pero su propuesta fue rechazada ante la oposición del PS y de Livre.
La versión definitiva limita la aplicación de la pena a delitos cometidos dentro de los diez años siguientes a la adquisición de la nacionalidad portuguesa, un marco temporal que, según el gobierno, establece un equilibrio entre la justicia y la equidad.
¿Quién podría perder la nacionalidad portuguesa?
De acuerdo con la nueva legislación, sólo los ciudadanos con doble nacionalidad que hayan sido condenados por delitos graves –definidos como aquellos punibles con penas de prisión iguales o superiores a cuatro años– podrían enfrentarse a la pérdida de la nacionalidad portuguesa.
Los legisladores aclararon que esta medida no se aplica de forma automática, ni afecta a aquellas personas que pudieran quedar en situación de apatridia. Cada caso debe ser revisado por un juez, lo que garantiza un control judicial previo a la revocación de la nacionalidad.
Aún así, el Partido Socialista manifestó sus reservas, advirtiendo de que el “listado de delitos es tan extenso que cualquier persona con doble nacionalidad se arriesga a perder su ciudadanía”. Otros, como Paulo Marcelo (PSD), defendieron la ley, arguyendo que refleja “un principio de justicia: quienes cometan delitos graves y posean otra nacionalidad, deberían estar sujetos a una sanción adicional”.
El PSD y el CDS también subrayaron que la ley ‘protege a quienes de otro modo quedarían apátridas’, una cláusula que garantiza que no se pueda privar de la ciudadanía portuguesa a las personas que no tengan otra nacionalidd.
Aumentan las tensiones políticas por el apoyo a la propuesta gubernamental
El debate puso de manifiesto profundas divisiones políticas. Chega respaldó la mayoría de las propuestas del gobierno, considerándolas un paso hacia una justicia más severa, mientras que el cambio de postura del PS atrajo las críticas de los legisladores de la oposición.
António Rodrigues (PSD) acusó a los socialistas de incoherencia: “Si esto era antes una línea roja que se negaban a cruzar, ¿por qué ahora piden mejoras?”.
En respuesta, Pedro Delgado Alves (PS) condenó lo que denominó el ‘tono y lenguaje’ empleado por los diputados del PSD, afirmando que su discurso se había “visto contaminado por la retórica de Chega”, un comentario que provocó una rápida réplica de la diputada no inscrita Cristina Rodrigues.
A pesar de la fricción política, la medida se encamina ahora hacia su aprobación parlamentaria definitiva, lo que supone un cambio significativo en el modo en que Portugal aborda la ciudadanía de los infractores naturalizados.
De ser promulgada, convertiría a Portugal en uno de los pocos países europeos que revoca legalmente la nacionalidad a ciudadanos binacionales condenados por delitos de gravedad, sumándose así a una tendencia ya existente en Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
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