La Ley Hillsborough convertirá en delito que primeros ministros y ministros del gabinete engañen deliberadamente al público, pero no se aplicará a los diputados sin cargo oficial.
Activistas por la democracia dicen que una medida “histórica” dentro de esta ley bandera ha pasado desapercibida: un paso para “penalizar la mentira” de políticos de alto rango.
Esto es mediante un nuevo delito independiente de “engañar al público”, castigado con hasta dos años de cárcel.
Aplicará a jefes de departamentos gubernamentales, funcionarios y cargos públicos como policías o personal sanitario, si engañan intencionadamente al público de una manera “gravemente indebida”.
Los diputados y los lores están actualmente exentos, pero docenas de parlamentarios sin carguo argumentan que eso no devería ser así.
El diputado laborista Neil Duncan-Jordan dijo a Sky News: “Los diputados no deberían estar por encima de la ley. Los políticos tienen tan poca credibilidad pública y eso tiene que cambiar.”
Es uno de más de 30 diputados que apoyan una enmienda del laborista Luke Myer, pidiendo que la ley se extienda a todos los miembros de ambas cámaras del parlamento.
Se entiende que Myer ha mantenido discusiones con ministros y colegas para aumentar el apoyo a su plan antes de que el proyecto de ley vuelva a la Cámara de los Comunes.
‘Una obviedad’
Una fuente laborista lo describió como “pavos votando por Navidad”, pero la diputada independiente Rosie Duffield, que renunció al partido en 2024, dijo que apoyar la enmienda debería ser “una obviedad”.
La diputada por Canterbury dijo que la confianza está en un “mínimo histórico” y que el nuevo delito podría evitar que ministros mientan o oculten información sobre conexiones con ciertas personas o empresas.
Dijo que ese nivel de transparencia también debería aplicarse a los “diputados ordinarios” para restaurar la confianza, pues “cuando unos pocos arriba se ven enredados en escándalos, nos salpica a todos”.
El camino lento del proyecto de ley
El avance de la Ley Hillsborough fue retirado el mes pasado tras una disputa entre el gobierno y las familias de Hillsborough sobre cómo aplicaría a los servicios de seguridad.
El diputado de Liverpool Ian Byrne, que lidera el trabajo sobre la ley y apoya la enmienda de Myer, instó esta semana al primer ministro a aplicarla plenamente a todos los funcionarios “sin más demora”, diciendo que el escándalo de Peter Mandelson muestra exactamente por qué es necesaria.
El proyecto de ley –oficialmente llamado Ley de Responsabilidad del Servicio Público– sigue una campaña de décadas de familias afectadas por el desastre del estadio de fútbol de 1989, que cobró 97 vidas y llevó a un encubrimiento de fallos policiales.
Gran parte de su enfoque ha estado en el “deber de franqueza”, que establece nuevos requisitos para que funcionarios públicos actúen con honestidad durante investigaciones e indagaciones del estado.
Este deber está reforzado por el delito de engañar al público, pero el delito en sí no se limita a indagaciones.
El activista Marcus Ball, que intentó procesar a Boris Johnson por afirmaciones en el “autobús del Brexit”, lo describió como un paso “histórico” que “penalizaría la mentira en política” por primera vez.
Sin embargo, pidió que el alcance del delito se extienda, diciendo que es “completamente ilógico que esta misma ley no se aplique a diputados sin carguo o a los lores”.
Preocupaciones por libertad de expresión
El gobierno argumenta que diputados y lores deben estar exentos porque no toman decisiones en nombre del estado.
Expertos dicen que aún así es un paso significativo hacia una mejor cultura de responsabilidad, aunque no tan simple como castigar a ministros por “decir mentirijillas”.
El gobierno añadió una cláusula que requiere prueba de daño o daño potencial para ser acusado de engañar al público, algo que algunos diputados argumentan podría debilitar su efectividad.
No obstante, otros diputados han expresado preocupación por la libertad de expresión. El diputado conservador Mike Wood argumentó en los Comunes que el nuevo delito puede someter a ministros a “guerras judiciales con motivación política”, y que los desacuerdos “deben ser materia para las urnas, no para los tribunales”.
Funcionarios subrayan que el delito está pensado para casos graves, como funcionarios públicos difundiendo narrativas falsas sobre eventos –como pasó con Hillsborough. No aplicará a palabras dichas en el parlamento, pues eso está cubierto por la inmunidad parlamentaria, una convención de larga data que permite a los políticos debatir libremente.
Un portavoz del gobierno dijo: “Estamos comprometidos a sacar adelante esta pieza vital de legislación, cambiando la balanza de poder para que el estado actúe siempre para la gente a la que sirve. El desastre de Hillsborough permanecerá en nuestra conciencia nacional por su tragedia y su injusticia vergonzosa.”
“El proyecto de ley llevará a un servicio público que actúe verdaderamente en el interés público. Pero para aquellos que no lo hagan, habrá sanciones penales por las violaciones más graves, incluido engañar al público de una manera gravemente indebida.”