Ley escocesa de prostitución: los parlamentarios impulsan una reforma para prohibir la compra de actos sexuales

Una extrabajadora sexual declaró ante un comité del parlamento escocés que Escocia necesita “poner el cartel de no se vende” y aprobar nuevas leyes sobre la prostitución.

Diane Martin testificó este miércoles ante el Comité de Justicia Criminal para apoyar las propuestas presentadas por la diputada Ash Regan del partido Alba. Si se aprueban, las personas condenadas por comprar actos sexuales podrían recibir multas de hasta 10,000 libras o ir a la carcel.

El Proyecto de Ley de Delitos y Apoyo en Materia de Prostitución (Escocia) busca criminalizar a quienes compran sexo, al mismo tiempo que despenaliza a quienes lo venden.

La Sra. Martin, quien declaró ante el comité que está analizando el proyecto de ley, contó que anteriormente trabajó en Londres en “lo que se supone es el nivel más alto de la prostitución”.

Sin embargo, afirmó: “No es diferente si estás en un hotel de cinco estrellas o en un callejón”.

Instó a los parlamentarios a apoyar la propuesta, diciéndoles: “Pensamos en nosotros mismos como un país progresista, y necesitamos poner el cartel de no se vende”.

Otra extrabajadora sexual, Amanda Jane Quick, dijo que criminalizar a quienes compran sexo actuaría como un “elemento disuasorio” y por lo tanto podría “reducir la demanda y la violencia”.

Relató sus experiencias trabajando tanto en la calle como en un burdel.

La Sra. Quick contó que fue violada a los 18 años por un cliente en un burdel, y también explicó que cuando quedó embarazada e intentó irse, la animaron a quedarse porque “a los hombres les gustan las mujeres jovenes embarazadas” y por tanto podría ganar más dinero.

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La Sra. Quick, quien ahora hace campaña por la introducción del llamado modelo nórdico (donde vender sexo no es delito pero comprarlo sí lo es), dijo que el trabajo sexual “nunca puede ser seguro”.

Explicó al comité que ese trabajo “siempre será clandestino, porque los hombres y mujeres que venden no quieren que nadie se entere realmente”.

La Sra. Quick afirmó que la prostitución “prospera con el silencio y con la violencia”, añadiendo: “Cuando vendía sexo, también vendía silencio y secretos, no solo mi cuerpo”.

Dijo que las propuestas del proyecto de ley ayudarían a “cambiar los pensamientos, actitudes y creencias de la sociedad”.

Bronagh Andrew, directora de operaciones de la Alianza para la Sensibilización contra la Trata (TARA), declaró: “Es necesario enviar un mensaje muy contundente a la sociedad civil de que pagar por sexo causa daño a un número significativo de mujeres”.

“Abrumadoramente, son los hombres quienes pagan por sexo, y son las mujeres quienes lo venden”.

“Esto necesita entenderse mejor y hay que enviar un mensaje claro que diga: ‘esta no es una actividad inofensiva, esto causa daño a las mujeres y a la sociedad en general'”.

Otros activistas advirtieron que la legislación podría poner a las trabajadoras sexuales en un mayor riesgo de violencia.

Laura Baillie de ‘Scotland for Decrim’ – que busca la despenalización total del trabajo sexual – dijo al comité que el grupo “se opone firmemente” al proyecto de ley, afirmando: “Aumenta la probabilidad de violencia contra las trabajadoras sexuales”.

“Las pone en más peligro porque limita su capacidad de hacer verificaciones de seguridad, como pedir una identificación o solicitar un depósito para dejar constancia de la transacción económica”.

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Continuó diciendo que una aplicación que es un “salvavidas vital para muchas trabajadoras sexuales”, permitiéndoles advertirse entre sí sobre clientes violentos o abusivos, podría dejar de existir si la ley cambia porque podría “verse como facilitar un delito”.

Niki Adams del Colectivo Inglés de Prostitutas también dijo que criminalizar a quienes compran sexo “pondría en peligro a las trabajadoras sexuales y nos empujaría a la clandestinidad”.

Dijo: “No hay pruebas de que reduzca la prostitución”.

“Creemos realmente que el mayor defecto de este proyecto de ley es que no aborda la pobreza, la falta de vivienda, la desigualdad salarial, el costo elevado del cuidado infantil y muchas de las otras razones que empujan a las mujeres, y especialmente a las madres, al trabajo sexual”.

“Estamos de acuerdo con el objetivo final de intentar reducir la prostitución, porque creemos que las mujeres deberían tener la opción de dejarlo si quieren”.

“Pero no entendemos por qué el enfoque no está en acabar con la pobreza de las mujeres”.