Luchando por sus hijos: cómo el sistema de protección preventiva en España atrapa a las familias en un limbo. Miles de niños son separados solo por sospechas.
Carlos y Rowena.
Crédito: carlosunplugged.com
Es una lucha silenciosa que muchas familias en España nunca imaginaron enfrentar: años intentando recuperar a sus hijos después de que los servicios sociales intervinieran por sospecha de riesgo.
Solo el año pasado, más de 50,000 niños fueron acogidos por el Estado en España—una cifra impactante comparada con la de Francia, donde es cinco veces menos probable que un niño sea separado de su hogar. ¿Pero por qué esta diferencia? A diferencia de Francia, donde un juez debe aprobar las separaciones salvo en emergencias, los servicios sociales españoles pueden acoger a un niño de forma administrativa, basándose en su evaluación de que existe un riesgo—incluso si ese riesgo es solo sospechado, no probado.
Por qué miles de niños son separados solo por sospechas
El sistema español fue moldeado en parte por trágicos fracasos del pasado, como el caso de Alba en 2006, una niña de cinco años que quedó tetrapléjica tras sufrir abusos continuos sin ser detectados. El horror de su historia dejó una huella perdurable: hoy, muchos trabajadores sociales prefieren actuar pronto—a veces demasiado pronto—para evitar otra tragedia.
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Este enfoque significa que los niños pueden ser separados como medida precautoria si los trabajadores sospechan abuso, negligencia o riesgo grave. Sus defensores argumentan que salva vidas; sus críticos advierten que puede dividir familias innecesariamente cuando las sospechas resultan infundadas.
Un camino difícil de vuelta a casa
Una vez que un niño ingresa al sistema de acogida en España, recuperarlo puede ser un laberinto burocrático. Aunque la ley exige que un juez revise cada caso, pueden pasar meses o incluso años antes de una decisión definitiva, dejando a los padres en una batalla cuesta arriba para demostrar que su hogar es seguro.
El caso de Carlos
Un caso reciente ha puesto el foco en las dificultades del sistema español. La separación de Carlos comenzó durante una clase de equinoterapia, cuando las autoridades lo llevaron sin previo aviso ni explicación clara, según sus padres Jonny y Rowena. Ellos afirman haber presentado pruebas contundentes de un hogar estable y amoroso—incluyendo informes escolares y registros terapéuticos—pero aún así enfrentan más de dos años de contacto limitado y supervisado.
La madre de Carlos asegura que ha sufrido problemas dentales, pérdida de peso y angustia emocional bajo custodia. También denuncia no haber recibido una explicación clara por su separación. Las circunstancias completas del caso, incluyendo evaluaciones oficiales del entorno familiar, siguen sin esclarecerse.
Centros privados, preocupaciones públicas
Mientras tanto, con el 80% de los centros de acogida en manos privadas, persisten dudas sobre su supervisión. Escándalos pasados, como el descubrimiento en 2020 de 16 niñas víctimas de trata en un centro de Mallorca, plantean serias dudas sobre la protección real de los niños una vez separados.
Un equilibrio difícil
Expertos señalan que el sistema español refleja un dilema real: cómo proteger a los niños sin separar familias innecesariamente. Si bien la intervención temprana puede evitar tragedias, actuar demasiado rápido solo por sospechas puede destrozar hogares y dejar a los niños traumatizados de por vida.
Con más familias alzando la voz y centros bajo investigación, España podría necesitar hallar un mejor equilibrio entre protección y proporcionalidad—garantizando el interés superior del niño sin sacrificar justicia ni debido proceso. Pero ahí yace parte del problema: el debido proceso toma tiempo, y en estos casos, el tiempo corre en contra.
Entonces, ¿inocente hasta que se demuestre lo contrario, culpable hasta que se pruebe lo contrario, o algo intermedio?
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Etiquetas: servicios sociales España
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