El partido de ultraderecha español Vox ha presentado en el Congreso una propuesta para incrementar los impuestos a los compradores extranjeros de propiedades en España. El objetivo es destinar lo recaudado a otorgar beneficios fiscales a los ciudadanos españoles y fomentar la construcción de viviendas protegidas.
Esta iniciativa surge como respuesta a la crisis de vivienda en el país, donde muchos españoles no tienen acceso a una vivienda asequible. Vox pretende gravar más la adquisición de inmuebles por parte de foráneos para así ayudar a la población local. Según su líder, Santiago Abascal, el incremento de compras por parte de extranjeros ha dificultado el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias españolas.
La formación considera esta medida necesaria para “frenar la adquisición masiva de vivienda” por capital extranjero, tal como expone en su comunicado. La propuesta busca que lo recaudado mediante este impuesto exima a los españoles del pago de tributos en la adquisición de su primera vivienda. Además, plantean la posibilidad de diferir este pago hasta por quince años, sin intereses, para facilitar el acceso a la propiedad.
Vox afirma que la tasa de jóvenes propietarios ha caído del 56 al 27 por ciento, mientras que las compras de vivienda por extranjeros han aumentado del 7,6 por ciento en 2007 al 19,3 por ciento en 2025.
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Asimismo, Vox exime la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones a nivel nacional, especialmente cuando se hereda o adquiere una propiedad destinada a vivienda habitual. No se especifica en la propuesta si estas medidas se aplicarían a todos los compradores extranjeros o solo a los no residentes.
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La propuesta de Vox, en realidad, no se aleja demasiado de la idea anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero: establecer un impuesto del 100 por ciento para compradores no residentes extracomunitarios. Según el texto legal del PSOE, este tributo “se obtendrá aplicando un tipo impositivo del 100 por ciento sobre la base imponible”, que es el valor de la propiedad en cuestión.
Por ejemplo, un impuesto del 100 por ciento sobre una vivienda valorada en 200.000 euros significaría que los compradores no residentes de fuera de la UE tendrían que pagar un total de 400.000 euros, el doble. El impuesto de transmisiones patrimoniales para residentes españoles y compradores comunitarios ronda el ocho por ciento del valor de la propiedad.
“Vamos a prohibir que los extranjeros extracomunitarios que no viven en nuestro país especulen con la vivienda que necesitan las familias de nuestro país”, declaró Sánchez cuando anunció la idea. No obstante, aún no está claro cuándo o si llegará a entrar en vigor, ya que requiere la aprobación parlamentaria. Esto parece ahora más probable, pues a juzgar por la propuesta de Vox, podrían estar dispuestos a aliarse con Sánchez en esta ocasión.
Muchos expertos y políticos consideran que los compradores extranjeros y las empresas de inversión internacionales son en parte responsables de la crisis de vivienda en España. Según datos del Consejo General del Notariado, la media nacional de viviendas compradas por extranjeros en España fue del 11,5 por ciento en 2024. De estas, la mayoría de las adquisiciones las realizaron no residentes, con un total del 26,9 por ciento.
En Baleares, la situación es extrema: casi la mitad de todas las propiedades vendidas el año pasado fueron compradas por extranjeros. En la Comunidad Valenciana, los extranjeros adquirieron el 38,9 por ciento de las viviendas.
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