En un contexto de creciente crispación del discurso sobre inmigración en España, el partido de ultraderecha Vox ha exigido una ‘auditoría’ de las nacionalidades españolas otorgadas durante el gobierno de Sánchez.
La formación ultraderechista reclama una revisión de las ciudadanías concedidas por el Ejecutivo socialista, insinuando que muchas se obtuvieron de modo ilegal y que la nacionalidad española se emplea como un ardid electoral para asegurar futuras victorias del PSOE.
Desde 2018, inicio del mandato de Sánchez, más de un millón de personas han adquirido la nacionalidad española. La residencia, la ciudadanía y la inmigración en términos generales se han convertido en temas profundamente polarizantes en el país.
Esta petición se produce tras el anuncio gubernamental de la regularización de más de 500.000 migrantes en situación irregular para concederles residencia legal.
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La medida ha resultado controvertida, a pesar de que las amnistías migratorias a gran escala han sido una constante en la sociedad y política españolas durante décadas, incluso bajo gobiernos del conservador Partido Popular (PP).
No obstante, al igual que Vox, el PP también ha criticado al Gobierno por utilizar las nacionalizaciones como herramienta electoral, pese a que ninguno de los 500.000 migrantes que se beneficiarán de la medida podrá votar en los próximos comicios.
Vox centra ahora su atención en la nacionalidad y pide una revisión retroactiva de las ciudadanías españolas ya concedidas, algo que el partido de ultraderecha justifica para “manipular el censo electoral en su propio beneficio”.
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Como respuesta a la regularización, la formación ultraderechista ha anunciado que presentará una serie de propuestas en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde tiene representación. Uno de los puntos de la iniciativa, según expuso recientemente su portavoz José Antonio Fuster, es “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad [española] de los últimos años”.
Fúster no especificó cuántas concesiones pretende revisar Vox ni el procedimiento legal para revocar la nacionalidad. “No tenemos datos concrétos, no sabemos cómo han otorgado la nacionalidad”, argumentó, señalando que su objetivo es averiguar cuántas pudieron obtenerse mediante “fraude”.
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La idea de las nacionalizaciones fraudulentas es un tema recurrente en Vox, especialmente para su líder, Santiago Abascal. “No son españoles, aunque se les dé la nacionalidad fraudulentamente. No lo son ni lo serán, y además vamos a revertir esas nacionalizaciones fraudulentas”, declaró en un mitin reciente en Huesca con motivo de las próximas elecciones autonómicas en Aragón.
El diario El País subraya que, si bien “Abascal ha reconocido que los inmigrantes que se acojan al nuevo proceso de regularización no podrán votar en las próximas elecciones, en contra de lo sugerido por su partido y el PP”, el líder también afirmó que el más de un millón de extranjeros ya nacionalizados bajo Sánchez sí pueden hacerlo.
“Hay muchos otros, el partido socialista ya ha nacionalizado a un millón y quiere nacionalizar a otro millón o a todos los que pueda”, sostuvo.
“Se trata de reemplazar al pueblo [español] porque Sánchez odia a su propio pueblo”, añadió Abascal, adhiriéndose así a la teoría del “gran reemplazo”.
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No obstante, este argumento parte de la premisa de que todos los españoles nacionalizados votarían automáticamente al PSOE, presumiblemente por agradecimiento al gobierno de Sánchez. Pero los datos muestran que la gran mayoría de los migrantes que se beneficiarán de la regularización masiva son latinoamericanos, muchos procedentes de estados fallidos de izquierdas como Venezuela, y no necesariamente votarían por la izquierda española.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 1.134.273 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española entre 2018 y 2024.
De los 252.476 nacionalizados el año pasado, la nacionalidad de origen más común fue la marroquí (17 %), pero más de la mitad del total (52,6 %) procedía de nueve países latinoamericanos.
El País también apunta que dos de cada diez ‘nuevos’ españoles a los que se concedió la ciudadanía han vivido siempre en España.
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