El prolongado conflicto por las terrazas en PUERTO Banús ha dado un giro decisivo tras el respaldo de un tribunal superior andaluz a los restaurantes en su litigio contra la empresa gestora de este enclave de lujo.
El núcleo de la disputa radica en que Puerto Banús S.A., el operador privado de la marina, cobra actualmente a bares y restaurantes una tarifa por instalar mesas en las vías que atraviesan el icónico puerto.
Desde hace años, los empresarios locales alegan que dichas vías son de dominio público y que solo el Ayuntamiento de Marbella, y no el gestor privado, debería poder imponer tasas por la ocupación de terrazas.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha posicionado a favor de los hosteleros y ha ordenado al Consistorio marbellí que inicie su inclusión en el inventario de bienes públicos.
Este paso podría determinar, en última instancia, quién tiene derecho a cobrar las tasas de terrazas en una de las zonas gastronómicas más exclusivas de la Costa del Sol.
En la actualidad, Puerto Banús S.A. considera las calles parte de su dominio privado y factura a los restaurantes por el derecho a colocar mesas y sillas.
Numerosos establecimientos denuncian que estas tarifas son elevadas, opacas e injustas, y que el suelo ni siquiera pertenece al operador portuario.
La sentencia del TSJA les brinda su apoyo más sólido hasta la fecha.
Los magistrados sostienen que un acuerdo plenario de 1996 ya declaró dichas vías de uso y titularidad pública, y ordenó al Ayuntamiento la apertura del expediente de legalización. Dicha resolución fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.
No obstante, el Ayuntamiento de Marbella nunca la ejecutó, y ahora recurre de nuevo al Supremo en un esfuerzo por evitar verse obligado a iniciar el proceso de inmediato.
Para expatriados y visitantes, este contencioso es relevante porque podría redefinir quién controla el espacio terracero, quién fija los precios y el grado de regulación del área. Cualquier cambio en la titularidad alteraría la operativa de los restaurantes en una de las zonas de ocio más emblemáticas de la costa.
De momento, nada cambiará sobre el terreno: las terrazas permanecen y Puerto Banús S.A. sigue cobrando por ellas mientras el caso regresa al máximo tribunal español.
Pero el fallo constituye un viraje jurídico de calado y la señal más clara hasta ahora de que la judicatura considera que las calles de Puerto Banús deben tratarse como suelo público, no como propiedad privada.
Haga clic aquí para leer más Noticias de Málaga de The Olive Press.