Un JUEZ ha desestimado una denuncia de acoso sexual presentada por un policía local contra el alcalde de Estepona.

El demandante había alegado que el alcalde, José García Urbano, lo había coaccionado para mantener relaciones sexuales durante 18 meses con una mezcla de amenazas y sobornos.

Sin embargo, una segunda acusación contra Urbano por el uso indebido de fondos públicos para colocar a la esposa del policía, conocida como CPB, en un cargo en el ayuntamiento que nunca desempeñó, irá a juicio el próximo mes.

El abogado del policía, Antonio Granados, tiene previsto apelar la desestimación después de presentar “declaraciones de la víctima, 400 páginas de documentación de apoyo y pruebas gráficas de los encuentros sexuales forzados”.

El alcalde de Estepona, José García Urbano, asistiendo a la corte en Estepona como sospechoso en noviembre

“Todavía estoy en el proceso de presentar la apelación”, dijo Granados al Olive Press.

“Pero quiero enfatizar sobre todo que todas las pruebas respaldan lo reportado y la persona bajo investigación no ha presentado pruebas para negarlo.

Además, su relación íntima con la testigo femenina ha sido reconocida, razón por la cual solicitamos la prohibición de violencia contra las mujeres, pero el tribunal también rechazó esto.

Respetamos la decisión del juez instructor pero no la compartimos”, agregó a El Diario.

Las acusaciones de que Urbano había estado coaccionando a un policía para tener encuentros sexuales generaron un segundo caso cuando la esposa del policía, que inicialmente era testigo, informó que le habían otorgado un contrato temporal como controladora de mantenimiento en Estepona.

Se espera que el concejal de Estepona, Blas Ruzafa, quien supervisó el cargo de CPB, testifique como testigo en la investigación el 20 de febrero.

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Ruzafa ha presentado un informe al tribunal en el que afirmó que las funciones de CPB eran “recopilar información sobre el estado de limpieza de calles, iluminación, decoración de jardines y mobiliario urbano”.

Sin embargo, CPB declaró que nunca puso un pie en el ayuntamiento de Estepona pero le pagaron alrededor de €5,200 por 48 días de trabajo.

Urbano, quien ha negado las acusaciones y las ha calificado como difamaciones políticamente motivadas, ha sido citado dos veces a declarar ante el tribunal como sospechoso en los casos paralelos.

En una declaración en su página de Facebook hoy, Urbano escribió: “El tribunal confirma que he sido víctima de una denuncia falsa por acoso sexual.

En este sentido, no hay indicios de criminalidad para la apertura de juicio oral, lo que ha revelado la falsedad y contradicciones de la historia de los demandantes, así como la absoluta falta de fundamento de la denuncia.

Desde que me enteré de la denuncia a través de los medios, expliqué que se trataba de una campaña inadmisible e injusta para dañar mi dignidad personal y mi carrera política con un único y claro propósito espurio: intentar sacarme del ayuntamiento y de mi compromiso con Estepona.”