Según la acusación, la familia Fenoll creó una empresa de fertilizantes para encubrir el enterramiento ilegal de casi un millón de toneladas de residuos sin tratar en terrenos agrícolas de La Murada, partida rural de Orihuela.
Esta operación forma parte del macrocaso de corrupción Brugal, destapado mediante extensas intervenciones telefónicas coordinadas por el responsable de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.
Dicho oficial declaró el viernes ante la Audiencia Provincial de Elche en uno de los juicios centrales derivados de la investigación.
La Fiscalía solicita penas de siete años de prisión para el terrateniente Francisco Poveda y de cinco años para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor—hijo, hermano y sobrino, respectivamente, del empresario Ángel Fenoll padre—, así como para el exconcejal del Partido Popular Javier Bru y el empresario José Vera.
Los cargos se refieren a la deposición y ocultación ilícitas de residuos en fincas rústicas de las partidas de Los Sigüenzas y Los Randeros.
Según el testimonio policial, las conversaciones interceptadas entre mayo y julio de 2008 revelan que Ángel Fenoll padre, entonces gerente del vertedero Proambiente y actualmente inimputable por enfermedad, dirigía la operación.
Al parecer, instruyó a su hijo Antonio Ángel Fenoll, quien mantenía un contacto estrecho con cargos municipales de Orihuela, para que “controlara el ámbito institucional”.
El agente describió una división estructurada de funciones entre los acusados. Ángel Fenoll Pastor coordinaba el enterramiento y ocultación de los residuos en bancales agrícolas. Poveda facilitaba los terrenos, mientras que Francisco Fenoll operaba ocasionalmente la maquinaria pesada utilizada en los enterramientos.
El papel de Javier Bru fue calificado como clave: presuntamente creó una empresa específicamente para dotar de una apariencia de legalidad al vertido, presentándolo como una transacción comercial de fertilizante. José Vera, dueño de la empresa de maquinaria involucrada, desempeñó un rol menos definido.
Durante la vista se destacó una conversación interceptada, atribuida a Poveda. Al enterarse de que una patrulla de la policía local—que actuaba al margen de la investigación Brugal—había comenzado a inspeccionar los enterramientos, advirtió: “Esto no puede salir, porque nos meten a todos en la cárcel”.
El mando policial explicó que, para 2010, confluyeron múltiples evidencias: las transcripciones de las escuchas, inspecciones de la policía local motivadas por quejas vecinales, catas realizadas por la Guardia Civil, el testimonio de un exempleado que identificó ubicaciones de enterramiento e informes técnicos encargados por el Ayuntamiento de Orihuela entre 2011 y 2015.
En conjunto, estos elementos confirmaron no solo el vertido ilegal, sino también un esfuerzo coordinado para ocultarlo.
El daño ambiental también fue tratado en el juicio. Los informes confirmaron la contaminación de terrenos próximos a la Rambla Salada, con presencia de plásticos, disolventes, pesticidas, combustibles y lixiviados con altas concentraciones de amonio, níquel y cromo. Aunque la mayor parte del terreno afectado se dedica ahora al cultivo de cítricos, solo un 11% tiene oficialmente prohibida la explotación agrícola.
Un exalto técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura reconoció la contaminación, pero cuestionó su origen, atribuyéndolo a una balsa con fugas dentro de las instalaciones de Proambiente y no a los residuos enterrados.