Los requisitos del Govern balear para el acceso a la vivienda pública incluyen la necesidad de acreditar una residencia de cinco años en las islas. No obstante, este principio general puede ser ampliado a solicitud de los ayuntamientos, pudiendo establecerse períodos de residencia específicos para cada municipio.
Hasta la fecha, cinco consistorios de Mallorca, representando a partidos de todo espectro político, han recibido autorización del Govern para incrementar el requisito de cinco años. En Esporles, gobernado por Més, se exigen siete años, al igual que en una promoción de Peguera recién aprobada por la administración del PP-Vox en Calvià.
En Inca, dirigida por el PSOE, se prioriza a jóvenes menores de 35 años con al menos ocho años de empadronamiento en el municipio; en Sencelles (con El Pi al frente) la prioridad es para jóvenes con diez años de residencia municipal.
El caso más extremo es el de Sóller, con alcalde del PP, donde se dará prioridad a jóvenes empadronados en el municipio durante almenos 18 años. En la ciudad de Ibiza, el mínimo son diez años. De otros ayuntamientos, se sabe que Pollença (PSOE-Més) estudia establecer un requisito de residencia más prolongado.
Esporles, donde la renta media es la más alta de Baleares, fue el primero en adoptar esta medida. Su alcalde, Josep Ferrà, señala que fue necesaria debido a dos factores que han generado una emergencia habitacional: la escasez de suelo público y una elevada demanda de vivienda. Factores, cabe decir, que se repiten por toda Mallorca.
La conselleria de Vivienda afirma que todas las medidas del plan de emergencia para el acceso a la vivienda, recientemente aprobado por el Govern, tienen como objetivo generar vivienda asequible para los residentes de las islas. Añade que cada vez son más los municipios que plantean implementar medidas similares y que las apoyará mientras el mercado inmobiliario se mantenga en los niveles actuales.