La aprobación parlamentaria es aún necesaria para que la prórroga adquiera rango de ley. Crédito de la foto: MGARCIA_CREATIVE/Shutterstock
El Gobierno de España ha prorrogado formalmente la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, reforzando así las protecciones de su “escudo social”. La medida fue aprobada a finales de diciembre mediante un real decreto-ley del Consejo de Ministros y ahora aguarda la ratificación del Parlamento. Esta extensión también mantiene las protecciones clave frente a la interrupción de suministros básicos para consumidores vulnerables.
Bajo la política renovada, seguirán suspendidos los desahucios y lanzamientos judiciales contra familias que no puedan hacer frente al alquiler, siempre que sean consideradas en situación vulnerable y carezcan de una vivienda alternativa. El decreto también extiende hasta 2026 la prohibición de cortar servicios esenciales —electricidad, gas natural y agua— a consumidores vulnerables. Paralelamente, el bono social eléctrico mantendrá sus niveles de descuento actuales para los hogares beneficiarios.
Ámbito y beneficiarios de la prohibición
Quiénes están protegidos por la moratoria ampliada
La prohibición se aplica específicamente a personas y familias en situación de dificultad económica o social. La valoración de la vulnerabilidad tiene en cuenta niveles de renta, composición del hogar y acceso a opciones habitacionales alternativas. Se benefician inquilinos que no puedan pagar el alquiler por estrecheces financieras y carezcan de soluciones habitacionales. Las protecciones también alcanzan a hogares con personas dependientes, con movilidad reducida y, en ciertas condiciones, a víctimas de violencia de género.
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Además de las protecciones frente al desahucio, la prórroga también mantiene las disposiciones de indemnización para los propietarios. Los arrendadores afectados por la prohibición podrán tener derecho a una compensación por la pérdida de renta si los servicios sociales o administrativos no logran asegurar una vivienda alternativa para el hogar afectado. Estos mecanismos buscan equilibrar la protección social con salvaguardias para los caseros.
Negociaciones políticas y trámite parlamentario
Acuerdo con EH Bildu y dinámica en las Cortes
La extensión de la moratoria de desahucios se confirmó tras un acuerdo político entre el Gobierno y EH Bildu, grupo parlamentario vasco. EH Bildu anunció su apoyo a prorrogar las medidas del escudo social, tanto la prohibición de desahucios como las protecciones frente a cortes de suministro, dentro de unas negociaciones más amplias sobre política social para 2026.
No obstante, es aún precisa la aprobación parlamentaria para que la prórroga se convierta en ley. Se prevé que la medida se debata en el Congreso de los Diputados a principios de 2026, con el apoyo de los partidos gobernantes y sus aliados. Las discusiones en la Cámara podrían abordar también reformas relacionadas en materia de vivienda y política social, lo que indica que la prohibición de desahucios forma parte de una agenda legislativa más amplia para abordar la vulnerabilidad y la inseguridad habitacional.
Contexto y fundamentación
Antecedentes de protección a largo plazo y política de vivienda
La suspensión de desahucios para hogares vulnerables se introdujo inicialmente durante los primeros meses de la pandemia de COVID‑19 para proteger a familias en dificultad económica aguda. Desde entonces, se ha renovado en repetidas ocasiones como parte del paquete del escudo social. Aunque la emergencia pandémica ha remitido, los responsables políticos argumentan que las presiones económicas persistentes, el alza de los alquileres en muchas zonas urbanas y la escasez crónica de vivienda justifican mantener estas protecciones para inquilinos vulnerables.
Críticos, incluidas algunas asociaciones de propietarios y voces del sector inmobiliario, sostienen que extender la moratoria puede disuadir a los arrendadores de ofrecer vivienda en alquiler y agravar las restricciones de oferta. Los defensores de la política replican que es una salvaguardia necesaria para hogares en riesgo de exclusión residencial y que instrumentos como la indemnización a propietarios ayudan a gestionar los efectos no deseados.
Resumen de la prórroga
La prohibición nacional de desahucios para hogares vulnerables se extiende ahora hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las protecciones frente al corte de suministros esenciales (electricidad, gas y agua) se mantienen para consumidores vulnerables.
El acuerdo se alcanzó en conversaciones entre el Gobierno y EH Bildu, previas al debate parlamentario.
Los esquemas de compensación para los propietarios afectados también se renuevan con el decreto.
Implicaciones para la política de vivienda y social
Equilibrio entre protecciones y dinámicas de mercado
La prórroga de la moratoria de desahucios en España subraya el continuo desafío de conciliar la protección a los inquilinos con las presiones del mercado de vivienda. Ante el aumento de los costes de alquiler en muchas ciudades y la persistente preocupación por la asequibilidad, el escudo social representa un compromiso continuado del Gobierno para proteger a los hogares vulnerables de la falta de hogar y la privación de suministros. Simultáneamente, los responsables políticos y los actores implicados seguirán evaluando cómo alinear estas protecciones con incentivos para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y con una estrategia habitacional a largo plazo.
Conforme avance 2026, el debate parlamentario y las posibles reformas legislativas que le acompañen determinarán cómo interactúan estas protecciones con el ecosistema más amplio de la vivienda en España, un proceso que será seguido con atención por familias vulnerables, propietarios y colectivos en defensa del derecho a la vivienda.