El Govern balear ha rechazado de forma tajante establecer un límite a los precios de la vivienda en Esporles, a pesar de la reciente votación del ayuntamiento para declarar el municipio zona tensionada. Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo balear, subrayó el viernes que, si bien la corporación municipal tiene autonomía para aprobar las mociones que estime convenientes, la resolución aprobada no deja de ser una “declaración política” carente de efectos jurídicos vinculantes.
La autodeclaración de Esporles como zona tensionada posee un peso simbólico, pero no obliga al Govern a imponer controles de precios. Costa fue inequívoco al señalar que no contemplan aplicar dichas limitaciones. Esta postura se alinea con la oposición tradicional del Govern balear (del PP) a las políticas de topes de precios, que considera intervencionistas y “contraproducentes”. Según sus palabras, las medidas que fijan precios máximos “son populistas” y, aunque puedan resultar atractivas para la ciudadanía, “desincentivan la oferta y terminan encareciendo aún más los precios”. Concluyó afirmando: “Respetamos lo que el ayuntamiento ha decidido, pero esta medida no cuenta con el aval de este Govern”.
El pleno de Esporles aprobó la moción presentada por el grupo Pas-Més, al que pertenece el alcalde Josep Ferrà, para “autodeclararse institucionalmente, en la totalidad de su término municipal, como área de mercado residencial tensionado, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley estatal 12/2023, de derecho a la vivienda”. Dicha norma define como zonas tensionadas aquellas donde el coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos familiares o donde los precios han crecido por encima del IPC en años recientes. Aunque este marco legal permite establecer topes en la subida de los alquileres, la competencia para aplicarlos recae en la comunidad autónoma.
El Partit Socialista de les Illes Balears presentó una proposición de ley en el Parlament para que los municipios pudieran actuar sin depender de la autorización del Govern, pero su aprobación parece improbable. Ante esto, la izquierda política está promoviendo mociones en el ámbito local para respaldar simbólicamente estas políticas. En la misma línea, Arta aprobó esta semana una moción análoga, sumándose al planteamiento de Esporles. Estas iniciativas municipales ponen de manifiesto la tensión persistente entre las aspiraciones de los ayuntamientos y las políticas del Govern en materia de regulación del mercado de la vivienda.