El Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, se ha visto obligado a dimitir después de ser declarado culpable de revelar información confidencial en un caso muy controvertido, lo que acentuó la división política en el país.
El Tribunal Supremo determinó que García Ortiz había revelado ilegalmente detalles de la situación fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de una importante política conservadora.
El tribunal le impuso una inhabilitación de dos años para el cargo y una multa de 7.200 euros. También debe pagar 10.000 euros al Señor González Amador como compensación.
El juicio a García Ortiz avivó las ya tensas relaciones entre el gobierno de izquierdas del Primer Ministro Pedro Sánchez y la oposición de derechas.
Sus posturas contrarias quedaron subrayadas por las reacciones a la condena.
“Sánchez debe disculparse con los españoles, dimitir y convocar elecciones, en ese orden”, dijo Ester Muñoz, portavoz del conservador Partido Popular.
El gobierno declaró que no estaba de acuerdo con la sentencia pero que la respetaba y que procedería con el nombramiento de un nuevo fiscal general.
Sin embargo, varios políticos de izquierda expresaron su indignación por lo que consideraron una sentencia con motivaciones políticas.
La Ministra de Sanidad, Mónica García, del partido Sumar, dijo que la condena era un “golpe letal a la presunción de inocencia” y que dejaba a los españoles comunes “tirados bajo el autobús” en lo que respecta al estado de derecho.
Este caso complejo se remonta a marzo del 2024, cuando la fiscalía general emitió un comunicado afirmando que el Señor González Amador había solicitado un acuerdo de conformidad después de descubrirse que había evadido pagos de impuestos por valor de 350.951 euros.
El documento corrigió informes de prensa erroneos que decían que la fiscalía había propuesto el acuerdo.
La fuente de los informes incorrectos fue la jefa de comunicación de la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Señora Díaz Ayuso es la pareja del Señor González Amador.
Éste presentó una denuncia contra el fiscal general, alegando que se había violado su privacidad. En el caso contra García Ortiz también se le acusó de filtrar información sobre el asunto a los medios. Los fiscales señalaron su decisión de cambiar de teléfono como incriminatoria.
Pero, no hubo evidencia directa que vinculase a García Ortiz con la filtración y varios periodistas testificaron durante el juicio que él no había sido su fuente de información. En cuanto al comunicado, el fiscal general dijo que solo estaba corrigiendo los informes erróneos.
García Ortiz puede apelar contra el fallo.
Esto supone un duro golpe para el primer ministro, quien ha estado bajo presión judicial en varios frentes.
Su hermano va a ser juzgado por tráfico de influencias, su esposa está siendo investigada por sus actividades empresariales y dos ex altos cargos del Partido Socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están acusados de supervisar un enorme esquema de sobornos.