Jose Mas, exalcalde de Lliber, ha sido condenado por un delito de estafa relacionado con las licencias otorgadas para la construcción de 290 viviendas ilegales.
Las propiedades, valuadas entre 300.000 y 500.000 euros, fueron comercializadas entre compradores del Reino Unido y otros países europeos.
La construcción se llevó a cabo en el municipio de la Marina Alta entre 1999 y 2003 en unos terrenos que estaban clasificados como ‘no urbanizables’.
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Se les garantizó a los potenciales compradores que no habría ningún problema, pero estos quedaron desamparados cuando los constructores ‘desaparecieron’ antes de que las obras finalizaran por completo.
Una pareja británica de jubilados declaró en 2009 que tuvo que desembolsar 20.000 euros adicionales para completar su villa, solo para descubrir luego que carecía de conexión a los servicios de agua y electricidad.
Para colmo, se percataron de que poseían una licencia ilegal expedida por el ayuntamiento, redactada por el arquitecto municipal, Amador Signes, quien recibió un pago por ejecutar el fraude.
Se concediron licencias de obra a no españoles para que construyeran sus viviendas soñadas, respaldadas por informes falsos aprobados en sesiones plenarias del consistorio de Lliber.
La Audiencia Provincial de Alicante determinó que muchos de los afectados por la estafa ‘no habrían comprado el terreno ni construido sus casas de haber conocido las dificultades e ilegalidades en torno a la edificación’.
Jose Mas fue hallado culpable de estafa, al igual que Amador Signes y tres promotores inmobiliarios.
A cada uno se le impuso una pena de dos años de prisión, que no cumplirán por tratarse de su primera condena.
Un factor atenuante que resultó en una condena ‘relativamente baja’ fue la ‘indebida demora’ en llevar el caso a juicio, lo que finalmente ocurrió en mayo.
Se afirmó que docenas de compradores del Reino Unido y de otras nacionalidades fueron engañados en lo referente a los permisos de construcción de las villas.
Mas y Signes también fueron multados con 1.800 euros cada uno por el delito de prevaricación urbanística.
A ambos se les inhabilitó, además, durante tres años para el ejercicio de cualquier función relacionada con la gestión de la administración pública, la construcción y la arquitectura.
Otros dos promotores fueron absueltos de los delitos de estafa y prevaricación urbanística.
También fueron exculpados de prevaricación urbanística tres concejales que ejercian durante la época en que se otorgaron las aprobaciones ilegales, entre los que se encuentra el actual alcalde de Lliber, Jose Juan Reus.
Dos exconcejales fallecieron antes de que el asunto se resolviera definitivamente, tras las detenciones iniciales de los acusados allá por 2009.
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