El gobierno izquierdista de España comunicó este lunes la imposición de una multa superior a los 64 millones de euros a la plataforma Airbnb, principalmente por publicar anuncios de propiedades de alquiler turístico prohibidas, en un contexto de grave crisis de vivienda en el país.
La sanción es firme, según indicó el Ministerio de Consumo en un comunicado, que añadió que el gigante estadounidense de alquiler vacacional debe “corregir las infracciones eliminando los contenidos ilegales”.
La cartera ministerial señaló que 65.122 anuncios en Airbnb incumplían la normativa de consumo, incluida la promoción de inmuebles sin licencia o cuyo número de registro no coincidía con los datos oficiales.
La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb entre el momento en que se le advirtió sobre los anuncios infractores y su posterior retirada, precisó el ministerio.
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El auge turístico ha impulsado la robusta economía española, pero también ha exacerbado la preocupación ciudadana ante una vivienda cada vez más escasa y cara, una prioridad máxima para el gobierno en minoría.
El segundo país más visitado del mundo recibió un récord de 94 millones de turistas extranjeros en 2024 y se encamina a superar esa cifra este año.
No obstante, los residentes de focos turísticos como Barcelona atribuyen a los alquileres de corta duración tanto la crisis de vivienda como la transformación de sus barrios.
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En junio, el Ministerio de Consumo también ordenó al gigante del alojamiento en línea Booking.com la retirada de más de 4.000 anuncios ilícitos.
“Hay miles de familias que viven al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, afirmó el ministro de Consumo de extrema izquierda, Pablo Bustinduy, en el comunicado oficial.
“Lo demostraremos las veces que haga falta: ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley. Y menos aún en materia de vivienda”, añadió en la red social Bluesky.
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