La isla de Malta ha vuelto a ser nombrada como el mejor país de Europa para la comunidad LGBTQ+, mientras que España cae al quinto puesto, un lugar menos que el año anterior.
Elaborado anualmente por la Asociación Internacional LGBTQ+, el informe evalúa criterios como igualdad y no discriminación, reconocimiento legal de género y delitos de odio en 49 países.
El Mapa Arcoíris Europeo 2025 situó a Malta, en el sur de Europa, en lo más alto por liderar los rankings. Esto, a pesar de sus leyes conservadoras en derechos de la mujer, donde el aborto está prohibido en la mayoría de casos.
Malta ha ocupado el primer puesto durante la última década, y el Partido Nacionalista reafirmó su compromiso con fortalecer los derechos LGBTQ+ en noviembre del año pasado.
España descendió al quinto lugar debido a normativas introducidas el año pasado que recortaron derechos previamente establecidos. En Valencia, el PP y Vox modificaron artículos de la ley trans, permitiendo que padres de menores se opongan a la transición de género de sus hijos e impidiendo que centros educativos aborden identidad de género y diversidad sexual en sus programas.
Aún así, España es uno de los nueve países europeos que incluyen plenamente SOGIESC (Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales) en su legislación antidiscriminatoria.
Tras Malta, están Bélgica, Islandia y Dinamarca. El Reino Unido cayó seis puestos, al lugar 22º, después de que su Tribunal Supremo restringiera en abril el reconocimiento legal a personas trans, dictaminando que el "sexo" en la Ley de Igualdad solo se refiere al "sexo biológico".
Antes de Malta, las Islas Británicas lideraban el ranking en 2015.
En el otro extremo del mapa están Rusia y Azerbaiyán. Hungría, influenciada por Rusia, cayó bruscamente tras amenazar con prohibir la marcha del Orgullo prevista para el 28 de junio. Si el gobierno de Orbán lo hace, sería la primera democracia en tomar tal medida.
"Los movimientos en el RU, Hungría, Georgia y otros no son retrocesos aislados, sino una reacción global coordinada para borrar derechos LGBTI, enmarcada cínicamente como defensa de tradición o estabilidad pública, pero en realidad diseñada para perpetuar discriminación y silenciar disidencias", declaró Katrin Hugendubel, directora de incidencia de ILGA-Europa.
España se sumó a otros 20 estados de la UE en expresar "preocupación" y "alarma" ante el veto de Hungría al Orgullo y sus implicaciones en la libertad de expresión.
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