España ha reavivado su impulso para que el euskera, el catalán y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la UE, a pesar de la tibia acojida de otros países europeos, que temen un efecto dominó.
Tras un intento fallido en 2023, Madrid llevó esta semana su campaña a Bruselas, logrando incluirla en la agenda de una reunión de ministros europeos el martes.
No se tomó ninguna decisión —y el tema se pospusó por falta de consenso, según un diplomático de la UE—, pero la incomodidad fue palpable cuando los ministros eludieron el asunto ante la prensa.
Para contextualizar, el gobierno socialista de Pedro Sánchez depende del apoyo de los diputados catalanes para aprobar gran parte de su legislación en el parlamento español.
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España ha generado “una gran presión” en torno al tema, afirmó un segundo diplomático bajo anonimato.
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Pero entre los otros 26 países de la UE cunde la preocupación —con el temor de que un cambio a favor de España abra la puerta a solicitudes de cualquier lengua minoritaria en el bloque.
“Entendemos la importancia de esto para España”, subrayó Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de Chipre.
“Lo crucial es que se haga de forma jurídicamente sólida y sin sentar precedentes”, añadió.
La UE tiene actualmente 24 lenguas oficiales, pero existen unas 60 minoritarias o regionales en los 27 estados miembros.
Todos los documentos jurídicos —tratados, leyes, acuerdos internacionales— deben traducirse a esas 24 lenguas, con interpretación en cumbres y reuniones ministeriales.
La cuestión rusa
Añadir una nueva lengua requiere unanimidad, algo lejos de lograrse en este caso, aunque varios países mostraron simpatía hacia Madrid.
“La diversidad lingüística es importante, y somos constructivos”, dijo el ministro finlandés Joakim Strand, pero pidió retrasar la votación por considerar el tema “inmaduro”.
Algunos advierten contra “convertir un asunto nacional en europeo”, en palabras de un diplomático.
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Varios países temen verse obligados, como efecto colateral, a reconocer lenguas regionales propias.
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En los países bálticos, por ejemplo, preocupa que el ruso —hablado por gran parte de la población— pueda volverse lengua oficial, señaló Marko Štucin, secretario de Estado esloveno.
Según un diplomático, los servicios jurídicos del Consejo Europeo advierten de que aceptar la petición española exigiría modificar los tratados fundacionales.
“Debemos actuar conforme a los tratados”, dijo el ministro francés Benjamin Haddad. “Trabajemos con España para hallar una solución”.
Otros países insinúan un posible compromiso: limitar el cambio a lenguas regionales históricas ya reconocidas a nivel nacional.
En ese escenario, solo tres lenguas cumplirían los requisitos: euskera, catalán y gallego.
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Madrid sostiene que estas tres lenguas —el catalán es la más hablada, con nueve millones de hablantes— merecen un trato distinto al de otras minoritarias.
Otro tema espinoso es el coste, en un momento en que la UE destina miles de millones a defensa y se prepara para una guerra comercial con EE.UU.
Según Štucin, España siempre ha insistido en asumir los gastos de traducción.
“Eso está por verse”, matiza otro diplomático.
“Valoramos los esfuerzos del gobierno español”, resumió la ministra croata Andreja Metelko-Zgombić.
“Hay implicaciones jurídicas, y conviene analizarlo con muchísima atención”, concluyó.