El mercado inmobiliario español sufre una presión intensa, tanto por compradores nacionales como internacionales. Dado que las normas de la Unión Europea prohíben restricciones nacionales a las transacciones de propiedad, las autoridades y expertos barajan medidas fiscales como posible solución al alza de precios y la especulación en regiones como las Baleares.
El marco legal establecido durante la adhesión de España a la Unión Europea excluyó límites específicos a la compra de vivienda por no residentes. En contraste, varios otros países de la UE introdujeron dichas restricciones para proteger el acceso local. Ante estos condicionantes legales, expertos como el geógrafo Marcús abogan por centrarse en el uso y la regulación de las propiedades residenciales, proponiendo un paquete de incentivos y penalizaciones tributarias específicas.
Las Autoridades Locales y las Estrategias Antiespeculación
Marcús subraya el papel crucial de los ayuntamientos, señalando que “si no se actúa a nivel local, la vivienda seguirá pasando de ser una necesidad cotidiana a un mero activo de inversión”. Propone la introducción de políticas fiscales antiespeculativas, como recargos sobre las viviendas vacías, tasas variables que fomenten el uso residencial a largo plazo, una mayor persecución del alquiler turístico ilegal y el aprovechamiento del derecho de tanteo.
Propuestas Nacionales sin Concretar
Durante una reciente cumbre europea en Bruselas, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó tímidamente la idea de limitar la compra de segundas residencias en zonas de alta presión en Europa. No obstante, los detalles siguen sin clarificarse, incluido si tal política afectaría solo a extranjeros o a no residentes en las islas, o si también podría impactar a los residentes locales de dichas zonas.
Influencia Corporativa y Dinámicas del Mercado
Más allá del interés comprador de particulares extranjeros, las adquisiciones corporativas también están moldeando el mercado de la vivienda en España. Actualmente, en torno al 15% de las transacciones en la Comunidad Valenciana las realizan empresas en lugar de particulares, lo que añade otra capa de complejidad al desafío habitacional que enfrentan los legisladores españoles.