El pasado viernes, Tomeu Abad, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Palma durante los dos últimos años, presentó su dimisión. Arquitecto con una trayectoria profesional de más de treinta años, se jubila.
Entre los desafíos que ha afrontado, destaca la escasez de personal; existen alrededor de un centenar de puestos pendientes de cubrir en el departamento de planificación. Sin embargo, la falta de plantilla no es el único motivo por el cual las licencias de obra tardan tanto en otorgarse. “Incidén factores como la movilidad, los recursos hídricos, la normativa de actividades. Todos los informes provocan demoras. Una licencia debería obtenerse en seis o siete meses. Hemos logrado reducir los trámites de dos años a dieciocho meses, pero precisamos más personal técnico y jurídico para agilizar los procedimientos.”
Durante años, en Palma solo se construyeron viviendas unifamiliares. Abad señala que ahora se desarrollan proyectos de apartamentos, pero admite que existe un déficit de vivienda muy significativo. “Es un problema estructural que viene de lejos y que ahora se ha agravado. Se han hecho cosas, pero al final, independientemente del signo político, es un proceso lento. La realidad es que no existen soluciones a corto plazo.”
Atribuye la grave carestía de vivienda asequible a diversos factores, uno de los cuales se remonta a 2004. El Plan Territorial de Mallorca de aquel año estipuló que todos los planes generales municipales debían adaptarse.
“Durante una década, ninguno se adaptó, lo que generó una paralización masiva de la construcción de viviendas. Se agotó el suelo urbano con licencia directa, mientras otras áreas permanecían sin desarrollar. Los trámites son extraordinariamente lentos, y obtener una vivienda protegida o social se ha convertido en un reto frustrante.
“Si retrocedemos a 1996, los jóvenes podían acceder a una vivienda con una hipoteca y un pago inicial. Hoy, la situación es muy distinta. Afecta a los menos favorecidos y también a la clase media. Por eso se requiere una política de vivienda audáz. Debemos controlar la disponibilidad de suelo para fijar precios asequibles, y necesitamos que el sector privado actúe en consonancia. Es imprescindible una colaboración público-privada para que todos puedan acceder a una vivienda digna. No es una cuestión de ideología; es una necesidad.”
Abad observa que los planes generales están repletos de disposiciones, algunas relativas a los recursos hídricos. “Existe un problema considerable con la consejería de recursos hídricos del gobierno, que no permitía ciertos desarrollos. Cada vez hay más obstáculos y la tramitación se vuelve más compleja. Pero son muchos los factores. Agilicemos, no pongamos trabas desde ningún ámbito de la administración. Necesitamos un pacto entre todos los partidos para lograr vivienda para la ciudadanía.
“Se ha construido vivienda para personas con alto poder adquisitivo. Los residentes locales han quedado excluidos. Hemos tenido viviendas de más de 800.000 euros en el Polígono de Llevant, que ahora denominan Nou Portitxol. Allí se han edificado apartamentos de lujo a pesar de la escasez de suelo. El impacto del precio del suelo es tan elevado que se suma al incremento de los costes de construcción y a la dificultad para encontrar mano de obra. Los precios de venta ya son muy altos. Necesitamos suelo, y además, suelo público. Sé que el gobierno está preocupado por el déficit de vivienda, y confío en que, con las medidas que se están tomando, la situación irá mejorando paulatinamente.”