En un cambio de política significativo, el primer ministro español Pedro Sánchez anunció el 13 de enero de 2025 una serie de medidas destinadas a abordar la crisis de vivienda de la nación. Entre estas, una iniciativa notable es la imposición de cargas fiscales sustanciales a extranjeros no residentes de países no pertenecientes a la UE, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos, que deseen comprar propiedades en España. Este movimiento está diseñado para frenar las inversiones especulativas y hacer que la vivienda sea más accesible para los ciudadanos españoles.

Durante el foro “Vivienda: Quinto Pilar del Estado de Bienestar”, Sánchez destacó que solo en 2023, los no residentes de países no pertenecientes a la UE adquirieron aproximadamente 27,000 casas y apartamentos en España. Afirmó que estas compras eran principalmente con fines especulativos en lugar de residencia personal, lo que contribuyó a la escasez de viviendas y al aumento de los precios. Para disuadir tales inversiones, el gobierno planea aumentar la carga impositiva en estas transacciones, potencialmente hasta el 100% del valor de la propiedad.

Esta política se inspira en medidas implementadas en países como Dinamarca y Canadá, que han impuesto restricciones a las compras de propiedades por parte de extranjeros no residentes para proteger sus mercados de vivienda. Sánchez enfatizó la necesidad de este enfoque en la actual emergencia de vivienda de España, con el objetivo de priorizar las necesidades de los residentes sobre los inversores extranjeros.

El anuncio ha suscitado reacciones variadas. Los partidarios argumentan que aliviará la escasez de viviendas y hará que los hogares sean más asequibles para los ciudadanos españoles. Sin embargo, los críticos expresan preocupaciones sobre posibles impactos negativos en el mercado inmobiliario y la economía en general, especialmente en regiones que tradicionalmente han atraído a compradores extranjeros.

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Además de las medidas fiscales, el gobierno presentó un paquete integral de 12 iniciativas para abordar la crisis de vivienda. Estas incluyen la creación de una Empresa Pública de Vivienda para gestionar más de 30,000 propiedades, priorizando la adquisición de viviendas existentes y terrenos para desarrollo. El plan también introduce sistemas de garantía pública para proteger tanto a propietarios como a inquilinos, promueve la rehabilitación de propiedades vacantes para alquileres asequibles y ofrece exenciones fiscales en el impuesto sobre la renta personal (IRPF) para propietarios que fijen alquileres según un índice de precios de referencia.

Además, el gobierno tiene la intención de regular más estrictamente los alojamientos turísticos, tratándolos como actividades económicas sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA). Esta medida tiene como objetivo abordar la proliferación de alquileres a corto plazo, que se ha relacionado con el aumento de la escasez de viviendas y el incremento de los alquileres en los centros urbanos y destinos turísticos populares.

Las reformas propuestas también incluyen un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación Económica y Transformación (PERTE) centrado en la innovación en la construcción modular, con el objetivo de modernizar las prácticas de construcción y aumentar la oferta de viviendas asequibles. Además, se planea una reforma de la Ley del Suelo para facilitar la disponibilidad de terrenos para el desarrollo residencial.

Estas medidas representan un cambio significativo en la política de vivienda de España, reflejando el compromiso del gobierno de abordar los desafíos de la asequibilidad y disponibilidad de viviendas. El énfasis en limitar la especulación extranjera, aumentar el stock de viviendas públicas y regular el mercado de alquiler subraya un enfoque multifacético para un problema complejo que afecta a muchos españoles.

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A medida que el gobierno avanza con estas iniciativas, será esencial monitorear su implementación e impacto tanto en el mercado de viviendas como en la economía en general. El equilibrio entre disuadir las inversiones especulativas y mantener un sector inmobiliario saludable será crucial para garantizar que las medidas logren sus objetivos previstos sin consecuencias adversas no deseadas.

En conclusión, el anuncio del primer ministro Sánchez marca un esfuerzo proactivo para abordar la crisis de vivienda en España a través de una combinación de políticas fiscales, reformas regulatorias e inversión en vivienda pública. Al dirigirse a las compras especulativas de propiedades por extranjeros no residentes e implementar una amplia gama de medidas de apoyo, el gobierno tiene como objetivo crear un mercado de vivienda más equitativo y accesible para sus ciudadanos.