El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado una enmienda que permitirá, nuevamente, que civiles sean juzgados en tribunales militares bajo ciertas circustancias.
Una ley anterior que permitía estos juicios fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en enero. Antes de esa decisión, los civiles podían ser llevados a un tribunal militar si se les encontraba con equipo militar, como armas o uniformes del ejército. Activistas denunciaron que la ley se usaba para perseguir a críticos del gobierno.
Los parlamentarios aprobaron la enmienda el mes pasado con fuerte presencia policial y un boicot de los legisladores de oposición, quienes argumentaron que violaba el fallo del máximo tribunal del país.
En enero, los jueces dijeron que los tribunales militares no eran ni imparciales ni competentes para ejercer funciones judiciales, según informó la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
La enmienda parece intentar resolver algunos de estos problemas. Establece que quienes presidan los tribunales deben tener formación y calificaciones legales relevantes, además de ser independientes e imparciales al ejercer sus funciones. Sin embargo, los civiles aún pueden ser trasladados si se les encuentra con material militar.
"La ley actuará con firmeza contra criminales armados, evitará la formación de grupos políticos violentos que buscan sabotear procesos democráticos y garantizará la seguridad nacional. ¡Si no está roto, no lo arregles!", escribió en X el portavoz militar, el coronel Chris Magezi, tras la aprobación de la ley.
Pero el líder opositor Bobi Wine afirmó que la ley se usará contra él y otros. "Todos en la oposición somos blanco de esta ley", dijo a la AFP.
La Sociedad de Abogados de Uganda anunció que impugnará la constitucionalidad de la enmienda.
Durante años, activistas han acusado al gobierno de usar los tribunales militares para silenciar disidentes, alegando que se fabrican pruebas. "Si eres opositor, encontrarán la manera de llevarte a un tribunal militar, y ahí tu destino está sellado… una vez allí, la justicia nunca llegará", dijo el abogado de derechos humanos Gawaya Tegulle en febrero.
Agregó que muchos pasan años en prisión esperando decisiones de altos mandos militares, que pueden nunca llegar, y enfrentan penas más duras que en tribunales civiles.
Un caso reciente fue el arresto en noviembre del opositor Kizza Besigye, acusado en un tribunal militar de posesión de armas y intento de comprarlas en el extranjero, cargos que él negó. Tras el fallo de la Corte Suprema, su caso fue trasladado a un tribunal civil y los cargos cambiaron.
Museveni, en el poder desde 1986, calificó el fallo como "una decisión equivocada", añadiendo que "el país no lo gobiernan los jueces, sino el pueblo". Previamente defendió los tribunales militares, argumentando que combaten "actividades criminales y terroristas donde se usan armas para matar indiscriminadamente", y que los tribunales civiles están "demasiado ocupados para juzgar rápidamente a estos criminales armados".