Santa Margalida tiene una población registrada de alrededor de 13.750 habitantes, de los cuales unos 8.700 viven en la localidad turística de Can Picafort. Según el alcalde Joan Monjo, también hay aproximadamente 1.500 okupas, aunque él prefiere llamarlos “turistas sociales” para evitar posibles acusaciones de racismo.
Monjo explica que el problema de la okupación lleva años existiendo, pero se ha agravado. Le preocupa la seguridad de la gente: “Hay de diez a doce personas viviendo en cada piso sin las mínimas garantías sanitarias y de seguridad”. El ayuntamiento ha tapiado el acceso a propiedades, pero el alcalde afirma que rápidamente son reocupadas.
Algunas de estas viviendas son inmuebles que quedaron sin terminar por la crisis financiera. Están repartidos por todo el municipio, especialmente en Can Picafort. “La mayoría pertenecen a bancos”.
Afirma que muchos de los ocupantes cometen delitos en Santa Margalida. “Hay todo tipo de personas. Algunos son inmigrantes irregulares que trabajan como vendedores ambulantes en nuestras playas. Pero también hay trabajadores que no quieren pagar alquiler. Desgraciadamente, también hay niños”.
Monjo insiste en que no son los turistas quienes “nos quitan las casas”. Hay unas 250 propiedades ocupadas, donde podrían vivir familas. En su opinión, se está demonizando al turismo y culpándolo del hacinamiento, cuando en realidad no es la causa.
Critica a los políticos con competencias por no tomar medidas adecuadas para abordar la dificultad de acceso a la vivienda. Subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear: “En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras. Los hoteles pagan impuestos y generan empleo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 ‘turistas sociales’ que no pagan nada y crean muchos problemas”. Deja claro que debe dejar de criminalizarse al turismo y adoptar medidas para evitar la okupación y facilitar el acceso a viviendas.
Desde 2010 se han construido muy pocas viviendas, y dirige duras críticas al último gobierno por eliminar áreas urbanizables del Plan Territorial de Mallorca. “Esto ha encarecido la vivienda”. La escasez de vivienda en Mallorca, argumenta, es consecuencia principalmente de la okupación y de decisiones políticas que han obstaculizado la nueva construcción.