Más de 400,000 trabajadores indocumentados podrían pronto tener plenos derechos legales para vivir y trabajar en España.
Ha sido un proceso largo, con negociaciones políticas sobre la petición para darle estatus legal a medio millón de inmigrantes ilegales en España que comenzaron en abril del año pasado. La petición, promovida por los obispos católicos del país en 2023, recogió más de 600,000 firmas y fue apoyada por 900 organizaciones diferentes.
El proyecto de ley resultante permitiría que los migrantes indocumentados que ya estaban viviendo en España antes del 1 de noviembre de 2021, obtuvieran residencia.
“¿Qué deberíamos hacer, expulsarlos a todos o regularizar su situación?,” dijo el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, un partidario de la petición.
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Mientras las regulaciones de inmigración de España estaban siendo reformadas el año pasado, la petición se estancó, con el gobierno de Sánchez argumentando que esos cambios capturarían a los trabajadores indocumentados.
“Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia,” dijo el Presidente Pedro Sánchez.
Esas nuevas regulaciones, que agilizan las solicitudes de visa, entrarán en vigor el martes 20 de mayo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, advirtió al Parlamento que las regulaciones podrían crear un vacío legal, provocando que miles de solicitantes de asilo pierdan sus permisos de trabajo y se queden sin estatus legal si se les niegan sus solicitudes de asilo.
Varios ministros socialistas del partido PSOE han vuelto a llevar el debate de regularización extraordinaria de la petición de vuelta al Congreso hoy, según varias fuentes gubernamentales y parlamentarias informaron a EL PAÍS.
Se argumenta que la redacción de la petición en ley podría capturar a aquellos excluidos de las nuevas regulaciones de inmigración.
Anteriormente, España ha regularizado a migrantes indocumentados a través del proceso legal extraordinario. Más de 22,000 migrantes fueron regularizados por el Gobierno en los meses siguientes a las devastadoras inundaciones en Valencia el 29 de octubre.
Muchos migrantes indocumentados trabajan en empleos mal pagados pero esenciales en la economía sumergida de España, desde la recolección de frutas, hasta el cuidado de enfermos y ancianos en residencias, o como repartidores. Estos trabajos, a menudo rechazados por los españoles, son esenciales para el funcionamiento de la economía española, pero sin protecciones legales, los trabajadores son vulnerables a la explotación y el abuso.
El año pasado, un número sin precedentes de personas solicitaron asilo en España – más de 167,000 – lo que la convirtió en el segundo país de la Unión Europea que más solicitudes de asilo recibe, detrás de Alemania.
La mayoría de los solicitantes de asilo son de Venezuela, seguidos por Colombia y Mali.
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