En 1994, las Islas Baleares contaban con casi 750.000 habitantes y 415.401 viviendas. En la actualidad, la población supera los 1,2 millones, mientras que el número de hogares se sitúa en 650.123. La población ha crecido casi un 70%, y el número de viviendas, un 56%.
Sin embargo, estas tasas de crecimiento no reflejan la situación completa. A principios de siglo y en el apogeo de la burbuja inmobiliaria, inmediatamente anterior a la crisis financiera, se inició la construcción de 12.000 o más viviendas nuevas en años concretos. El colapso, cuando llegó, redujo esta cifra a 2.000 e incluso menos. Los años absolutamente más bajos correspondieron al gobierno de austeridad del Partido Popular de José Ramón Bauzá, entre 2011 y 2015.
Desde entonces se ha producido una recuperación, pero a un ritmo mucho más lento que el crecimiento poblacional. Las cifras de los últimos treinta años ocultan el hecho de que hubo un colapso casi total en la construcción de viviendas asequibles tras la crisis. Por ejemplo, los datos del Ministerio de Vivienda de España para Baleares indican que entre 1994 y 2004 se construyeron 9.446 viviendas protegidas de algún tipo. De 2015 a 2024, solo 741.
Se registraron descensos similares en otras partes de España, aunque no tan acusados como en Baleares. Sandra Verger, de la Asociación de Constructores de Baleares, explica que los planes de vivienda antes se desarrollaban mediante un proceso colaborativo entre el Gobierno español y los autonómicos. Estos planes favorecían la construcción de viviendas a precio asequible. Existían subvenciones para la construcción y para la compra. Los compradores también recibían ayudas a fondo perdido, lo que reducía significativamente el precio final.
La crisis paralizó la construcción de viviendas asequibles, principalmente las de categoría VPO. Verger añade que, bajo los gobiernos de izquierdas a partir de 2015, hubo cierta actividad, pero esta se centró específicamente en vivienda social para familias en situación de alta vulnerabilidad. Fue una iniciativa loable, pero insuficiente. Su esperanza reside en el nuevo plan de vivienda anunciado por el ministerio, que apunta a una voluntad de reinstaurar las subvenciones tanto a la construcción como a la compra.
Su otra esperanza está en la ley de ordenación del suelo del Govern balear. “Esperamos que se pongan las pilas y que los ayuntamientos impulsen la clasificación de nuevo suelo urbanizable.” Este nuevo suelo es para VPO o para vivienda de precio limitado, que resulta más cara que la VPO pero sigue muy por debajo de los precios de mercado; una fórmula más atractiva para los promotores.
Pero si el gobierno de Marga Prohens está trabajando en una política de contención de precios, no puede decirse que esté teniendo un gran impacto. Las cifras del Colegio de Notarios a finales de 2025 confirmaron que Baleares es una de las comunidades autónomas más caras de España. El precio medio por metro cuadrado ascendía a 4.061 euros, más del doble de la media nacional. Y esta cifra ha venido aumentando a una tasa de dos dígitos durante los últimos cinco años.