En 2022, el Partido Popular en Madrid presentó una denuncia sobre mascarillas vendidas a entes públicos por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Esto levantó sospechas sobre Koldo García, exasesor del antiguo ministro de transporte, José Luis Abalós, y Víctor de Aldama, en relación a seis contratos de compra de suministros. Uno de ellos era para 1.4 millones de mascarillas destinadas al servicio de salud balear, IB-Salut, en abril de 2020; se pagaron 3.7 millones de euros. Dos meses después, se descubrió que el material era falso.
La Guardia Civil solicitó toda la documentación sobre la compra a IB-Salut, y el caso estalló en febrero de 2022 con la detención de unas veinte personas. Además del contrato sanitario, se investigaron acuerdos con la autoridad portuaria y otras administraciones en Canarias y otros lugares. García y Aldama fueron citados ante la Audiencia Nacional en Madrid. Desde entonces, el tribunal no ha realizado ni una sola investigación sobre el contrato balear.
La operación policial de febrero de 2024, que puso ese contrato en el punto de mira, llevó a la intervención de fiscales europeos. Las mascarillas para Baleares y Canarias se pagaron con fondos europeos. Hubo un conflicto sobre qué tribunal tenía jurisdicción. Finalmente se trasladó al Supremo, pero no del todo.
Parte de la confusión surgió en marzo de 2023, cuando el Govern balear, aún bajo el PSOE, inició la rescisión del contrato. No se resolvió. Mientras, la Guardia Civil y un juez señalaron que Abalós había actuado como intermediario con el Govern. Un mensaje de García a la empresa decía: “Todo va sobre ruedas”. La denuncia se retiraría; esa era la implicación. Así surgió la extraña situación de un presunto caso de corrupción vinculado al PSOE que ahora requería un favor del Govern del PP.
Entre las revelaciones de documentos judiciales y de la Guardia Civil destaca una conversación entre García y Francina Armengol, entonces presidenta balear. Él dijo: “Vale, cariño, te mantendré al tanto de todo”. Armengol le pasó los contactos de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para hablar de la compra de tests PCR para menores. Estos mensajes respaldaban la teoría policial sobre el acceso de García a políticos del PSOE. Pero, aunque lo sucedido en Baleares da pistas sobre las presuntas actividades de García, Abalós, Aldama y otros, no se está investigando exhaustivamente.
En noviembre de 2024 hubo un giro cuando Aldama fue imputado por otro fraude. Desde entonces, el caso de las mascarillas quedó en segundo plano, aunque la implicación de Abalós y su negativa a dejar su escaño han derivado en más diligencias al Supremo. Pero el contrato balear sigue bajo la Audiencia Nacional.