El contrato de mantenimiento de carreteras de Orihuela Costa expiró el pasado lunes después de que el contratista anterior, Zaplana Caselles, rechazara una extensión de un año y se negara a continuar sin un contrato formal mientras se realizaba una nueva licitación. En respuesta, el Consejo de Orihuela decidió asumir el servicio directamente utilizando recursos municipales.
El anuncio fue realizado el martes por el Concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, quien enfatizó que los esfuerzos se iniciaron inmediatamente el lunes para garantizar la restauración de los servicios de mantenimiento lo antes posible.
La decisión sigue a la notificación de Zaplana Caselles en octubre de su intención de rescindir el contrato, citando facturas impagas que superaban los 500,000 euros, sin pagos realizados desde abril.
Inicialmente, el gobierno consideró lanzar una nueva licitación pero luego propuso asignar la responsabilidad a la empresa pública Ildo. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Secretaría en un informe oficial. Actualmente, fuentes municipales indican que el Consejo está evaluando qué empresa municipal puede hacerse cargo del servicio y preparando la documentación necesaria para su implementación.
Este cambio a la gestión interna sigue una estrategia similar aplicada al mantenimiento de áreas verdes a lo largo de la costa, a pesar de una licitación en curso para ese servicio. Se ha asignado un presupuesto de un millón de euros para la transición, lo que marca un aumento de 400,000 euros.
Mientras tanto, los servicios de mantenimiento esenciales, incluidas las reparaciones de carreteras, el mantenimiento de aceras, el mantenimiento de señalización y la gestión de infraestructuras públicas, se han detenido. La condición deteriorada de las calles de asfalto sigue siendo una preocupación importante entre los residentes, que temen que la falta de mantenimiento pueda dar lugar a un aumento en las reclamaciones por daños a la propiedad contra el Consejo.
Además, los veinte trabajadores anteriormente asignados al mantenimiento de carreteras ahora enfrentan el desempleo. Han instado al Ayuntamiento a proporcionar un contrato de emergencia para garantizar la continuidad laboral y el mantenimiento del servicio, haciendo referencia a una medida similar tomada cuando Clequali se retiró de la gestión de las instalaciones deportivas.
Recientemente, estos trabajadores protagonizaron protestas, mostrando pancartas que decían: “Exigimos un contrato de emergencia. Veinte familias en la calle. Exigimos integración por parte del Ayuntamiento. Es nuestro derecho”.
El martes, Valverde confirmó que la integración de estos trabajadores en la empresa municipal responsable del servicio está bajo consideración.
Zaplana Caselles había mantenido el contrato desde 2020, valorado en 766,136 euros anuales. Sin embargo, la prestación del servicio se vio afectada por la escasez de materiales, especialmente de asfalto, después de que la licitación de suministros se cancelara en junio de 2023 y no se reemplazara.
Disputas financieras y acusaciones entre la empresa y la administración afectaron el contrato, especialmente cuando el Departamento de Infraestructuras estaba bajo el control de Ciudadanos. El Consejo retrasó los pagos, argumentando que la empresa no proporcionó un almacén para almacenar la maquinaria devuelta después de la expiración del contrato.
Consecuentemente, la Concejal de Contratación, Mónica Pastor (PP), impuso sanciones por incumplimiento parcial por un monto de 126,634 euros, o el 5% del valor del contrato.
Sin embargo, el contratista acusó a la administración de intentar dejar en bancarrota a la empresa, alegando específicamente que el entonces Concejal Ángel Noguera (Ciudadanos) obstaculizó el contrato debido a una hostilidad personal.
Noguera fue citado en junio del año pasado en relación con un presunto caso de prevaricación y desde entonces ha sido llevado a juicio. La Oficina Anticorrupción está buscando una prohibición de 14 años en su contra por abuso de poder, alegando que retuvo deliberadamente los pagos durante dos años y ocho meses, a pesar de que las facturas fueron aprobadas por los técnicos supervisores.
Mientras tanto, el PSOE ha expresado escepticismo sobre la viabilidad de la gestión directa de las carreteras de Orihuela Costa por parte del Consejo. El partido expresó preocupaciones al enterarse del cambio a través de informes mediáticos en lugar de comunicación oficial.
El portavoz socialista Isidro Grao ha solicitado formalmente al Alcalde Pepe Vegara, quien preside todas las empresas municipales, que proporcione detalles sobre los procedimientos, presupuesto y plazos para la transición. Grao criticó la toma de decisiones unilateral del gobierno, argumentando que cambios tan significativos deberían ser discutidos dentro de los órganos de toma de decisiones municipales en lugar de ser revelados públicamente sin deliberación previa.
También destacó preocupaciones sobre la viabilidad de implementar un cambio tan importante de la noche a la mañana sin procedimientos administrativos o presupuestarios claros.
Imagen cortesía de: Unidos por la Costa