Ecuador se ha sumado al directorio de países de la región que enfrentan un “resurgimiento de prácticas autoritarias”, en un contexto de deterioro continuo de las garantías en materia de derechos humanos, según manifestó Amnistía Internacional (AI) en un comunicado difundido a través de redes sociales.
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Los principales motivos para catalogar a la nación andina de esta guisa incluyen: el uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes que protestan ante el presidente Daniel Noboa, la injerencia gubernamental sobre el Tribunal Constitucional, y las desapariciones forzadas perpetradas por las Fuerzas Armadas en el marco del denominado “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado.
Amnistía Internacional señaló que, durante su reciente visita al país, recabó información alarmante que sugiere que el gobierno ha adoptado medidas dirigidas a acallar la disidencia y perpetuar la impunidad.
“Las desapariciones forzadas se multiplican en #Ecuador. Mientras el Gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha contenido los delitos, sino que ha agravado las violaciones de derechos humanos. @DanielNoboaOk debe revertir urgentemente este enfoque”. … https://t.co/TZRfcJPFSQ
– Erika Guevara Rosas (@erikaguevarar) 24 de septiembre de 2025
Ecuador ha vivido doce días consecutivos de protestas y movilizaciones lideradas por el movimiento indígena, como respuesta al decreto presidencial que suprime el subsidio al diésel, lo cual incrementó el precio del combustible de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Las manifestaciones, focalizadas principalmente en seis de las veinticuatro provincias del país, han dejado como saldo al menos una muerte, más de ochenta heridos y ciento dos arrestos (entre ellos nueve menores), habiéndose dictado prisión preventiva para doce de los detenidos bajo acusaciones de terrorismo por la Fiscalía, de acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El 23 de septiembre, Amnistía Internacional hizo público un informe en el que concluye que las Fuerzas Armadas de Ecuador han cometido desapariciones forzadas desde la declaratoria del “conflicto armado interno” emitida en 2024 por Noboa, con el objetivo de contener una ola de violencia sin precedentes, impulsada mayormente por grupos delictivos.
Durante la presentación del documento, la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, sostuvo que las políticas de seguridad que soslayan el respeto a los derechos humanos no solo no garantizan la seguridad ciudadana, sino que frecuentemente perjudican a las comunidades ya golpeadas por la violencia criminal, sustituyéndola esta vez por la violencia estatal.
https://www.youtube.com/watch?v=9wfm9vbaxik
Autor: VMMH
Fuente: agencias